El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero 74 años después el Estado venezolano ya no encuentra derechos que vulnerar y es la razón que asiste a la Corte Penal Internacional para tomar la decisión de investigar los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país en el año 2017.
Está obligado a garantizar el bienestar social, pero no lo hace. Viola sus derechos con los miserables sueldos y pensiones de hambre en bolívares que hacen imposible adquirir los alimentos de la inalcanzable cesta básica por el alza de la divisa norteamericana, que hasta la fecha que escribo estas líneas es de 16,20 bolívares por dólar en el mercado paralelo. La tasa del BCV está en 12,66 bolívares.
El derecho a la salud solo está garantizado para los que tienen seguros en dólares; a la población en general lo que le toca es acudir al sistema de salud pública donde los hospitales no están en condiciones de prestar un buen servicio, hasta el punto de que los enfermos y familiares deben llevar todo lo que requieren para las cirugías y la hospitalización, colocando en riesgo la vida y en especial la de los pacientes crónicos.
Podemos decir que existen dos Venezuela, la de los menos pudientes, que es la mayoría y otra totalmente impregnada de abundancia y privilegios.
La seguridad de los ciudadanos está en manos de la matraca de los funcionarios del Estado y el hampa. El libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión siguen con restricciones, con el agravante de cierres masivos de emisoras de radio en los últimos meses. El sistema de justicia está lleno de jueces provisorios con una subordinación politizada que no garantiza autonomía e independencia, como lo establece nuestra Constitución. Los servicios básicos como el agua y la energía eléctrica siguen siendo totalmente ineficientes.
Estamos en presencia de un Estado que sigue intoxicado de poder, al que nada le importan las garantías constitucionales de un pueblo que sigue viviendo un viacrucis.
El Estado se muestra indolente, actúa sin piedad, en nada le conmueve lo que está ocurriendo en todos los hogares de los menos pudientes. Se ha convertido en una máquina de hacer pobres.
Así vemos que el incumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su 74 aniversario es total por parte del Estado venezolano.
No quiero despedirme sin insistir en una ley de amnistía para liberar a todos los presos políticos