De todas las noticias impactantes en los últimos años, pocas pueden ser más graves que la revelación hecha por el  ex presidente de Pdvsa Rafael Ramírez acerca de la cantidad de dinero perdida o sustraída en dicha empresa en tan solo 10 años de gestión, entre 2004 y 2014: 700.000 millones de dólares.

Es imposible para cualquier analista político pasar por alto esta situación, que dudo tenga precedente mundial, por la cantidad de dinero que se plantea fue objeto de hechos de corrupción administrativa. Amerita, sin duda, una declaración de las Naciones Unidas, de las agencias financieras internacionales, de los foros en América Latina y el resto del mundo y finalmente, de todas las alcaldías, concejos municipales, gobernaciones, consejos legislativos, asamblea nacional, asamblea nacional constituyente, todos los ministerios e instituciones públicas, así como de todos los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, desde Iglesias hasta consejos comunales, incluidos clubes deportivos y culturales.

Si se ha calculado en 5.439 millones dólares el presupuesto 2020 de Venezuela, entonces se han robado el presupuesto de 128,7 años, o sea, el dinero actual hasta el año 2148. Si cree que esto es exagerado, piense que la deuda externa de Venezuela está estimada según algunas fuentes en 160.000 millones de dólares, es decir, que se robaron el cuádruple de la deuda externa y un poco más o lo que es lo mismo, decir que se podía pagar la deuda externa 4 veces y quedaba dinero aún.

Recordando que en una época se calculó en 7.000 millones-15.000 millones de dólares las importaciones de alimentos y medicinas para Venezuela, se puede también plantear que se perdieron entre 50-100 años de importaciones de alimentos, situación que debemos recordar en cada visita al mercado o la farmacia donde no se consiga el producto que buscamos o se consiga con sobreprecio.

Cuando se recuerda que se están calculando 100.000 millones de dólares para recuperar o reconstruir la industria petrolera, debemos pensar que se perdió el dinero para hacerla 7 veces de nuevo. Estaría demás decir que con semejantes cantidades ni siquiera harían falta socios foráneos para explotar la faja petrolífera del Orinoco, ya que se hubieran contratado o desarrollados todos los servicios indispensables para la industria con las finanzas propias de la empresa.

Es tan grave lo ocurrido que tomo la licencia de acudir a un especialista para ejemplificar qué se puede hacer en el mundo con los 700.000 millones de dólares perdidos:

De acuerdo con Duncan Green (economista de Oxfam) serviría para:

1.      Pagar 2 veces la deuda acumulada de los 49 países más pobres del mundo.

2.      Representa 5 veces la cantidad anual de ayuda extraordinaria que se necesitaría para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio (Millennium Development Goals) en pobreza, educación y salud (150.000 millones de dólares por año).

3.      Igual a 7 años de los actuales niveles de ayuda global al desarrollo (104.000 millones de dólares en 2007).

4.      Suficiente para erradicar toda la pobreza en el mundo durante dos años (el PNUD calcula que haría falta 300.000 millones de dólares llevar a la población mundial por encima de la línea de pobreza de 1 dólar diario).

5.      Es un cuarto del costo de la guerra de Irak (3 billones de dólares, según los cálculos de Joseph Stiglitz)

6.      Medio año de gasto militar mundial (1.339 billones de dólares)

Después de leer estos ejemplos, debemos reflexionar en si son un caso aislado o todas las empresas públicas en Venezuela sufren del mismo mal y el porqué de esta situación insostenible, que convierte en Estado fallido cualquier país, que se administre bajo estos criterios, que vuelven realidad indiscutible la tesis de Rafael Poleo de que Venezuela es un campamento minero, que solo sirve para el saqueo y la francachela, según creo interpretar de sus escritos de prensa.

No es una situación que se pueda evitar de repetirse si no hay un verdadero cambio cultural e institucional sobre lo señalado por Rafael Ramírez, que debe ser mucho mayor, en su conjunto nacional, si le agregamos las cantidades perdidas en cada fundación, instituto, servicio o empresa pública del resto de los ministerios existentes en Venezuela.

La idea de dilapidar, perder o robarse entre 800.000 millones o tal vez 1 billón de dólares entre todas las empresas públicas nacionales, estatales o municipales, no sería exagerada bajo los términos planteados por Ramírez a toda la administración pública desde el año 1999.

Por esta razón, es absolutamente sorpresivo para el autor el silencio casi cómplice de muchos medios de comunicación y peor todavía de muchísimas instituciones públicas, ante semejantes declaraciones que ameritan medidas ciertamente urgentes y contundentes.

Estas medidas implicarían por ejemplo:

1.      Detención inmediata de todos los administradores y jefes de finanzas de todas las unidades de Pdvsa a nivel nacional de la época mencionada.

2.      Detención de todos los integrantes de la junta directiva de Pdvsa de dicho período.

3.      Reestructuración de todas las filiales y unidades de producción de Pdvsa, a objeto de eliminar o privatizar todas aquellas actividades económicas que no sean estratégicas de acuerdo con el término que se le quiera aplicar según el criterio de seguridad y defensa que maneje el gobierno nacional y la inevitable simplificación administrativa, donde se desprenda de todas las empresas que estén fuera de su área de actividad petrolera.

4.       De ser necesario (casi un hecho), pedir al gobierno de Trump inmunidad judicial, en forma parecida a los que suelen acudir al Chapter 11 of Title 11 of the United States Code, para dejar de pagar deudas y protegerse de las demandas implacables de los acreedores furiosos que este caso particular de Pdvsa recibían informes financieros falsos durante años en la bolsa de Nueva York que deben haber tomado nota de estas declaraciones para futuros castigos, demandas e indemnizaciones que estarán por caer en los tribunales estadounidenses.

5.        Pedir la activación total de la Convención de Palermo para utilizar sus protocolos contra el lavado de dinero y tratar de ser posible de recuperar una parte del dinero sustraído a la nación.

6.      Reestructuración total de la Contraloría General de la República para evitar que ocurran hechos tan graves, sin ser detectados y procesados a tiempo, no solo en Pdvsa, sino en el resto de las empresas públicas.

Finalmente, es imperativo crear una verdadera Ley de Transparencia Administrativa que siga los criterios estandarizados por las organizaciones internacionales de protección de la Gobernanza y rendición de cuentas (Accountability) para evitar la repetición en menor, igual o mayor grado de situaciones como las descritas en este artículo.