Hace más de un año un puñado de venezolanos emprendieron un camino para sacar adelante las primarias de la oposición. Aquella idea, que en principio parecía naufragar en medio de la indiferencia general, fue adquiriendo la fuerza para convertirse en un proyecto que convocó a los demócratas venezolanos. El éxito del 22 de octubre, quizás uno de los gestos políticos de resistencia civil más importantes de los últimos años, se debió en gran medida a la participación masiva de los venezolanos que resultó en la elección de María Corina Machado, como parte de un proyecto colectivo que trabaja por el retorno de la democracia en Venezuela.

Este proyecto, que trasciende una visión caudillista y mesiánica del poder, ha seguido un curso de acción rigurosamente democrático, ajustado a lo firmado en los acuerdos de Barbados. Por eso en los últimos meses hemos acompañado en los esfuerzos por articular un voluntariado en defensa de voto con la participación de todas los partidos políticos, hemos apoyado en la logística para la inscripción de los nuevos votantes, nos hemos unido a la exigencia de publicar el calendario electoral para el 2024, hemos levantado la voz para pedir unas elecciones con garantías democráticas, observación internacional, sin inhabilitaciones, amenazas judiciales y sin el acoso de los cuerpos de seguridad.

Frente a esta agenda de trabajo civil y democrática, el régimen ha decidido movilizar a sus cuerpos de seguridad y a su sistema de justicia. Detenciones, amenazas, acoso y persecución a líderes, partidos políticos, militares, gremios, periodistas y activistas de Derechos Humanos, es la respuesta de un régimen que sabe, en pleno año electoral, que sólo puede ofrecer violencia. A falta de votos, quienes nos gobiernan ha decidido judicializar a todos los ciudadanos que pretendan desalojarlos del poder de manera pacífica. No es casual que esta vocación represiva se haya manifestado con especial crudeza en torno a la semana en que celebramos otro aniversario del 23 de enero con la detención de los líderes del partido Vente Venezuela: Víctor Venegas, Juan Freites, Luis Camacaro, Tomas Sequera y Guillermo López; tres de ellos acusados de ser parte de una conspiración para la toma de un cuartel militar.

El régimen nunca ha sido amigo de esta fecha a la que ha pretendido minimizar con una lectura panfletaria de la historia. La gesta del 23 de enero de 1958 fue el logro de una aspiración nacional muchas veces postergada en nuestra historia: la construcción de un sistema político que respete la voluntad de la gente a través del voto secreto, directo y universal para todos los venezolanos, con plenas garantías electorales y donde la alternancia en el poder es la piedra angular que contiene la vocación autoritaria de los aprendices de dictadores y sus tropas de asalto.

Aquella experiencia de proyecto político civil iniciado en 1958 nos dejó un aprendizaje que ha calado en lo venezolanos hasta convertirse en la convicción de que sólo en democracia es posible la convivencia y la construcción de consensos para gobernar. En este año electoral los venezolanos tenemos la oportunidad de hacer frente, nuevamente, a la deriva autoritaria y violenta que nos ha acechado durante siglos como nación. La participación activa en el proceso electoral es la oportunidad más importante que tenemos para avanzar en el deseo de democratización que tenemos la gran mayoría de los venezolanos.

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En Venezuela existen 1.991.336 personas, entre 18 y 35 años, que deben actualizar sus datos en el registro electoral, mientras que más de medio millón de jóvenes alcanzaron la mayoría de edad entre el 2023 y los primeros meses del 2024. Exigimos al Consejo Nacional Electoral que abra el registro electoral con jornadas de inscripción y actualización de datos, en espacios accesibles y con todos los recursos necesarios para la atención de estos ciudadanos que tienen el derecho a la participación política.

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