Para los constitucionalistas “la democracia supone la posibilidad de manifestar la voluntad y participar en las decisiones de interés público. Todos los ciudadanos tenemos derecho a intervenir directamente en la elaboración, discusión y puesta en marcha de las políticas públicas que nos permitan avanzar en la mejora de nuestras condiciones de vida y el pleno disfrute de los derechos humanos. En Venezuela, la Constitución promulgada en 1999 establece la democracia participativa como mecanismo para garantizar el pleno goce de los derechos políticos, y con esto, lograr la participación de los ciudadanos en todos los ámbitos de la vida pública”.
Evidentemente, en nuestro país, existe una violencia estratégica, el régimen es supra, amenaza, por encima del derecho y de las leyes, siempre apuntalado en la violencia estratégica. La agresión al adversario ya es práctica gubernamental común: los vejámenes a los dirigentes políticos detenidos en varios estados del país por protestar por una mejor calidad de vida contra el régimen de Maduro, la tortura psicológica hacia los presos político, las diversas violaciones de los derechos humanos, las continuas amenazas despidos a empleados públicos por sospecha de “infidelidad” electoral hacia el socialismo del siglo XXI, la negación -juegos de hambre- de los CLAP a los que no apoyan el proyecto revolucionario, bonos con el carnet de la patria, todo un verdadero chantaje, en otras palabras es un instrumento que pretende recompensar la lealtad del 18,0% de la población que aún se mantiene estoicamente con Maduro.
Lo que no razona o no quiere razonar Maduro es que la mayoría de los venezolanos ya no cree en su discurso y menos que la compleja crisis país es causada por una «guerra económica» apoyada por empresarios apátridas, recibiendo órdenes del imperio norteamericano. Nuestro análisis integral revela que 77,5% de los entrevistados no cree en la guerra económica y sanciones como un argumento para comprender y soportar la aguda crisis económica y social. Es decir, Maduro inventó una “guerra económica” potenciada por las sanciones, que ya parece hasta sospechosa incluso en su propio capital político.
Desde su llegada a Miraflores en abril de 2013, Maduro deja deslizar su discurso como si Venezuela es la Cuba del siglo XXI, divisionista y fabricando eventos ficticios. Lo que sí es una verdad verdadera es que la crisis económica se ha transformado en algo complejo por sus reconfiguraciones. Según los diversos análisis paradigmáticos –nuestras investigaciones cuantitativas y cualitativas-, esta realidad está derivando en que más de 82,0% de los entrevistados no vacilan en señalar que Nicolás debería salir del poder este año a través de cualquier mecanismo constitucional. Haciendo una abstracción de nuestras investigaciones de opinión, las derivaciones hacen llegar a inmediatas conclusiones: Nicolás perdió la calle, la popularidad. De acuerdo con nuestros números, está un poco por encima de 16,0%, es irreversible el desgaste del socialismo del siglo XXI, se perdió la magia revolucionaria que los atornilló durante 23 años en el poder central, irrumpió el desamor hacia un proyecto político que ilusionó, pero no concretó los sueños de los que aspiraban un mejor país, es casi imposible llegar al final de una gestión con una opinión nacional en contra, sanciones, contradicciones, la injusticia social, la incapacidad de dar respuesta a las diversas problemáticas en la falta de gasolina, gas y agua… el tiempo se le agotó al socialismo del siglo XXI, sólo queda el delirio de mantener una revolución a la fuerza.
En síntesis, la democracia no se limita a ser un sistema de gobierno, sino la incesante búsqueda del goce pleno de los derechos humanos traducidos en el bienestar de cada uno de los ciudadanos. Pues no existe mejor forma para conocer las carencias y las posibles soluciones que consultándoles y haciéndolos el centro de la gestión. Sobre Venezuela y su democracia, actualmente en el país no existen condiciones para el ejercicio de la participación política y esto va más allá de la destrucción de la mayoría de los mecanismos que garantizan la democracia porque no existe respeto por los derechos humanos.
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