Por Dr. Pablo Kaplún H., asesor ambiental de Geografía Viva
Sí, con letras de Alí Primera empiezo, aunque a ambos “bandos” de mi patria les rechine que haga tal cosa. A los unos por sentir que este cantor emblemático es representativo del otro que odian y a los otros porque no se puede hablar críticamente de ellos tomando letras del citado cantautor. Independientemente de la opinión de cada quien, la primera parte de la frase resulta válida en muchos sentidos, tanto por quienes han partido contagiados por la pandemia (entre ellos muchos personal sanitario a quienes enviamos una especial mención de duelo) como por el muy negativo desempeño este año de los indicadores ambientales de Venezuela. Pero también hay elementos para ver no tan tristemente al año que se va.
Como Alí es tan conocido hoy día, pero al mismo tiempo tan desconocido, deformados sus mensajes en campañas politiqueras, bien vale recordar las dos canciones aludidas en el título de este cierre de año.
Canción en dolor mayor
“Si no sirve mi canción, pa que se encienda tu alma/Quema entonces mi guitarra, pero que crezca la llama/Adiós en Dolor mayor canción, en dolor mayor adiós/En dolor mayor canción, en dolor mayor”
Y la otra aludida es: “San Benito échate un palo/Y canta con alegría/ Que en Motatán los tambores/ Ya resuenan por la vida” Esta otra es “Abran la puerta” en alusión a una lucha en los años 80 en defensa del pueblo trujillano de La Puerta.
Comencemos por un balance a nivel internacional/global donde algunos indicadores resultaron, hasta donde fueron medidos, más aliviadores en el año que se va, principalmente por causa misma de la propagación del Covid19 las emisiones globales de dióxido de carbono descendieron un 5,3% en el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de noviembre[1] de 2020. El mayor contribuyente a este descenso es la reducción del uso del transporte terrestre, que ha disminuido un 15,2% respecto a 2019 y representa algo más de la mitad de la disminución de las emisiones mundiales. Estas cifras, aunque alentadoras, están muy distantes de las estimaciones que se tenían en mayo de este año, en las cuales se hablaba de un 17% de disminución de estas emisiones diarias[2] globales.
Esto permitió, en diversas partes del globo – incluidas las ciudades venezolanas-, el avistamiento de aves lo cual fue tema de deleitantes comentarios en estas páginas especialmente por las iniciativas de “Somos Diversidad” de la Fundación “Tierra Viva”. El geógrafo Jesús Delgado nos regaló esta imagen
Hacia finales de año, los especialistas definían que la pandemia poco había cambiado el balance general del año, en general, no esperaban que esta disminución generara impactos duraderos a nivel mundial.
Un buen amigo, colaborador de estas páginas, español de origen a quien hoy es preferible mantener en el anonimato, comentaba: Las noticias del COVID han acaparado la atención de los medios y lo demás ha pasado a un segundo plano. Es muy difícil tener una idea clara porque la situación es muy excepcional. Por ejemplo, la urgencia desvía la atención de a dónde van a parar las mascarillas, o qué está ocurriendo con las emisiones de CO2 con el trabajo desde casa. En principio parecería que las emisiones habrán tenido que disminuir por el menor transporte, pero el incremento de gasto de internet es seguro que habrán aumentado las emisiones por ese capítulo. Las del transporte aéreo han disminuido pero desconocemos cuál habrá sido el incremento global del transporte de mensajería. Son demasiados cambios y aún mal estudiados para saber la respuesta real. Seguro que muchas medidas ambientales se habrán descuidado por la pandemia, por ejemplo los plásticos, porque la atención social está en otra cosa. Cuando pase todo esto se podrá hacer un balance objetivo. Lo de esperar es que haya habido cambios, unos a mejor y otros a peor”.
“El tema de cambio climático ha pasado a un tercer plano, dependiendo de los países. Aquí (España) la atención está en el COVID, en segundo lugar la economía y el batacazo que nos espera dentro de pocos meses. En tercer lugar el trabajo. Supongo que el medio ambiente habrá descendido de interés real (otra cosa son los discursos de la gente)”. Luego de estas reflexiones el amigo hace un comentario sobre la desinstitucionalización de los Estados Unidos por el juego al que se ha dado el saliente Presidente Trump y la delicada calistenia geopolítica en el cual Rusia (especialmente) y China sacan grandes tajadas, lo cual obviamente tiene implicaciones ambientales.
Otro de nuestros fieles colaboradores explicó: “A nivel regional e internacional, muchos movimientos ambientales logaron hacerse sentir por la defensa de la Amazonía y procurando crear conciencia y acciones concretas frente al cambio climático; particularmente ponen sobre la mesa temas como los sensibles retrocesos de la foresta amazónica y El Pantanal en Brasil y Bolivia; ha habido algunos avances en compromisos anunciados por países en materia de cumplimiento del Acuerdo de París (matiza este comentario haciendo hincapié en que hay que hacerle a esos anuncios el debido seguimiento), y ve un alivio en que Biden ofrece regresar a los EE.UU. al Acuerdo de París y China[3] y Europa[4] han anunciado compromisos.
Otro de nuestros expertos venezolanos, comentó: “La pandemia marca a nivel mundial cualquier balance del 2020. El SARS-CoV-2 y la COVID-19 son virus y enfermedad de impacto global, viajando en avión, con transmisiones comunicacionales en tiempo real (noticias verdaderas, interesadas, especulaciones y mentiras), con un millón setecientas mil víctimas mortales a 10 días de concluir el año y más de 77 millones de contagios confirmados. Para comparar, en tiempos contemporáneos, se estima que la “Gripe Española”, una pandemia por influenza entre 1918 y 1920 tuvo más de 40 millones de muertes. Nuestra globalizada forma de vida facilita el desplazamiento del virus por todo el planeta hoy en día”.
Y el ambiente no pudo dejar de ser alcanzado, en su ya diagnosticado estado de afectación por la civilización humana: extinción masiva de especies animales y vegetales, el cambio climático, la contaminación de los mares y otros hábitats, los procesos de desertización creciendo, la modificación de la geografía por los poblamientos humanos, urbanos y rurales, así como las modificaciones de vectores perjudiciales a la salud de los propios humanos, entre ellos la aparición de nuevas enfermedades zoonóticas (incluyendo las generadas por virus).
El desarrollo industrial ha condicionado el crecimiento exponencial de la población humana, alterando los territorios ocupados, incrementando los recursos para su manutención, y teniendo como expresión máxima del desequilibrio ecológico y ambiental la pobreza de un importante sector de los 7.500.000.000 habitantes humanos del planeta”.
“2020 es un llamado de atención natural a la forma en que nos organizamos para vivir los humanos. Los números no cambiaron este año que culmina, pero si se sintieron en muchos lugares cambios instantáneos de calidad con algunas de las medidas que se tomaron por la pandemia. Por ejemplo, los niveles de contaminación por la aviación mundial, o la ocupación de animales silvestres de espacios que fueron abandonados o donde disminuyó la actividad humana, aunque han sido circunstanciales y momentáneos”.
¿Y Venezuela?
Al comenzar 2020, se publicó un reportaje en el medio electrónico Mongabay[5] Dice allí: “Venezuela es un campo minado de problemas ambientales que, con los años, solo han logrado profundizarse y agudizarse con la venia del gobierno de Nicolás Maduro. Hay áreas protegidas en peligro, hay cuencas hidrográficas que podrían quedar devastadas por la explotación de minerales, hay planes del Ejecutivo que son consideradas un atentado a la naturaleza y, para completar el panorama, los presupuestos destinados a investigar, vigilar y controlar todas estas acciones, son inexistentes”.
Abunda en detalles uno de nuestros colaboradores señaló: “Seguimos en el deterioro continuo y destrucción progresiva de grandes extensiones del territorio por actividades de extracción mineral». La política estatal enmarcada en el Arco Minero del Orinoco y otros proyectos de sobre explotación forestal en otras regiones del país.
Otro ejemplo de la perversa política ambiental que desarrolla la nación desde hace décadas, es la industria petrolera, ahora en fase de subsistencia pero que multiplica y agrava los “accidentes” de derrame, explosiones o incendios afectando los lugares donde se desarrollan sus actividades de extracción, transporte y procesamiento, bien sea para consumo nacional o para la exportación. Ejemplo los derrames de los últimos meses del año en las costas de los estados Carabobo y Falcón (zonas donde existen ecosistemas de vital valor ecológico y legalmente protegidos como lo es el Parque Nacional Morrocoy), y que se repiten en menor intensidad en otras regiones del país. Ya se leía hace un tiempo en la web[6]: “50% de las especies viene impregnada de petróleo y se nos hace imposible que las compren y nos vemos obligados a lanzarlas al lago”, aseguraba Giovanny Villarreal, pescador del Lago de Marcaibo, afirma que existe un «constante derrame de crudo». Su casa está construida sobre unos palafitos en el lago. «A veces, en la noche no podemos dormir porque huele a gas. El gas que produce el mismo petróleo», explica el pescador. «Y nos vemos afectados de los pulmones, sobre todo los niños».
lUna observación grave, acentuada por la crisis humanitaria compleja (y terrible) de Venezuela, es la creciente utilización de leña para cocción de alimentos por la población rural, y que este año se ha extendido notoriamente a las poblaciones urbanas y hasta grandes ciudades de todo el territorio. No existen mediciones de este fenómeno, no obstante estudios cualitativos publicados en este espacio[7] demuestran que es una práctica generalizada ante las fallas de los servicios de gas con consecuencias muy peligrosas para las áreas protegidas, para la salud de las personas y para los ecosistemas en general.
La afectación notoria y creciente de áreas bajo régimen especial por parte de invasores en busca de tierras y recursos, que también sufren daños por parte de sectores terratenientes y con intereses industriales en busca de los recursos naturales que se “protegen”.
En las ciudades, la disminuida capacidad de prestación de un servicio de recolección de desechos domiciliarios, comerciales e industriales; con las consabidas consecuencias de botaderos a cielo abierto, en zonas que generan mayor pobreza en sus alrededores, costos impagables para los municipios y estados, y contaminación de tierras y aguas superficiales y subterráneas.
Los pueblos indígenas han sido de los sectores más afectados por la crisis económica, social y política que vive Venezuela. Agredidos por los intereses económicos en las tierras que ocupan ancestralmente[8], sumados a la disminución de los medios legales de subsistencia, como el turismo, artesanías, agricultura o pequeño comercio; no son defendidos por el Estado Nacional, y al contrario, muchas veces son víctimas de sus funcionarios o instituciones. Actualmente muchos de sus jóvenes y población activa en los procesos de migración a ciudades o al extranjero, abandonando sus prácticas y herencias culturales.
La institucionalidad encargada de proteger el ambiente, años anteriores ha sido prácticamente liquidada. Las instituciones como el Ministerio de Ecosocialismo y alguna otra cosa, dedica sus pocos recursos naturales a distribución de aguas, cobros de impuestos a algunas actividades “capaces de afectar el ambiente”, y otras pocas acciones administrativas, envueltos en la crisis institucional de todos los sectores de la administración pública. Los funcionarios renunciando, emigrando, o simplemente buscando maneras de subsistir con sus familias. Los organismos de seguridad, como las unidades de control y resguardo ambiental de la Guardia Nacional lejos de cumplir su misión, están envueltas en las observaciones y denuncias hechas a todo el cuerpo castrense venezolano.
Todo este rápido resumen, deja fuera muchos detalles y problemas, es común al de años anteriores, por lo que se observa que la pandemia en Venezuela sólo suma más desorden al caos previo que conllevó a la emergencia humanitaria compleja y la violación continua y sistemática de derechos humanos, sufrida por un mayoritario sector de la población venezolana.
La desinstitucionalización –nótese que este factor lo hemos nombrado tanto al analizar la interna venezolana pero también al referirnos al gran “Imperio” del Norte– se refuerza con las elecciones parlamentarias del día 6 del presente mes que cierra el año. Las consecuencias de la instauración de la nueva Asamblea Nacional traerá la imposición -vía interpretación de la legislación nacional- de la Ley “Antibloqueo” y otros instrumentos jurídicos que muy probablemente contradecirán lo contemplado -sin procurar parafraseos rebuscados- en la Constitución Nacional y los tratados internacionales. La Ley en cuestión permite la total discrecionalidad de acción del Jefe del Estado sobre cualquier ámbito de vida republicana. Concebida como una forma de burlar las sanciones internacionales –principalmente norteamericanas- que acorralan al gobierno de Maduro, terminan siendo un instrumento que podría facilitar la privatización de valiosos activos estatales – progresivamente depreciados debido a malas gerencias- sin mediar mecanismos transparentes de adjudicación. También abre las puertas a quitar figuras de protección a diversas áreas bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE).
El Arco Minero del Orinoco (AMO), es un área rica en recursos minerales que la República de Venezuela explota desde 2017. Al respecto, la situación ambiental venezolana tampoco cambió en el fondo.
A ello agrega nuestro informante que “siempre hay que nombrar el disminuido acceso a agua potable para la población de la zona norte costera del país y la afectación notoria y creciente de ABRAEs[9] por parte de invasores en busca de tierras y recursos, que también sufren daños por parte de sectores terratenientes y con intereses industriales en busca de los recursos naturales que se “protegen”.
El “AMO” y la minería en general
El Arco Minero del Orinoco (AMO), nombrado oficialmente el 24 de febrero de 2016 como Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, es un área rica en recursos minerales que la República de Venezuela explota desde 2017; ocupa mayoritariamente el norte del estado Bolívar y en menor proporción el noreste del estado Amazonas y parte del estado Delta Amacuro. Cuenta con 7000 toneladas de reservas de oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales.
Abarca un área de 111 843,70 km²[10], es decir 12,2 % del territorio venezolano; duplicando a la faja petrolífera del Orinoco. De acuerdo con Roberto Mirabal, exministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, el Arco Minero del Orinoco tiene un potencial de unos 2 trillones de dólares.
La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, la Sociedad Venezolana de Ecología, la Asociación de Arqueólogas y Arqueólogos de Venezuela (AAAV), la Asamblea Nacional de Venezuela y la ONG más destacadas en DD.HH. han expresado públicamente su preocupación ante la el incumplimiento de estudios de impacto ambiental y sociocultural, la violación de derechos a la consulta previa en las comunidades indígenas, el patrimonio cultural y natural y la soberanía nacional.
En 2020, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que los trabajadores en el Arco Minero del Orinoco están sometidos a graves abusos y violencia que han causado al menos 149 muertos desde 2016. Vale agregar que esta violencia no sólo afecta a los trabajadores sino a todos los habitantes de esos territorios. Se trata de una violencia proveniente tanto del hampa común como de la organizada, del estamento militar y de cuerpos irregulares de origen extranjero. Se afirma que se vive en las zonas mineras de Venezuela, violaciones relacionadas de DD.HH. con explotación sexual (incluidos menores)[11] y, según las mismas fuentes, un sistema de aprovechamiento del trabajo humano sumamente degradante.
El destacado experto Alejandro Álvarez acota que la actividad minera llega a afectar a, al menos, el 40% del territorio nacional.
En esta columna se publicaron 2 artículos relacionados con el logro que supuso la puesta en circulación del Atlas “Amazonas Bajo Presión” por parte de la Red Amazónica de Información Socio-Ambiental Geoereferenciada (RAISG)[12] la cual señala respecto a Venezuela que se han “experimentado cambios importantes, en especial, en lo que se refiere a la alteración de sus ambientes naturales, algo más o menos intuido por el público general; sin embargo, al panorama pormenorizado que ofrece en este sentido se le suma el comunicar cómo estos efectos se ven mitigados en los territorios indígenas y las áreas naturales protegidas, pues sirven como barreras que atenúan la degradación en los ecosistemas naturales de manera significativa. Sin duda, un elemento que ofrece argumentos para empoderar aún más a los pueblos indígenas del Amazonas y para reafianzar las políticas públicas y legislaciones que defienden los territorios naturales. Según RAISG, entre 2012 y 2020, la Amazonia en Venezuela también ha experimentado cambios en distintos aspectos, que incluyen: un aumento en las superficies de áreas protegidas y en territorios indígenas reconocidos, pero también en zonas dedicadas a actividades extractivas, en deforestación, en quemas y en superficie afectada por la minería ilegal, lo cual complejiza el precario equilibrio entre resguardo y exposición”….. “La minería ha sido una presión constante para la Amazonía desde hace varias décadas y es una de las causas de deforestación, contaminación y conflictos sociales que más preocupa. Amazonía Bajo Presión también presenta un reporte actualizado hasta 2020 de la minería en la Amazonía, el cual da cuenta de una tendencia al aumento de la actividad minera en el suelo amazónico, especialmente de la minería ilegal. Se han identificado 4.472 localidades de esta actividad ilícita. En su mayoría (83%) presentan afectaciones de varias hectáreas o directamente sobre los ríos de la Amazonia. Más de la mitad de estos puntos se encuentran en Brasil (53,8%), pero cabe destacar que 32% de ellos se encuentra en Venezuela, país que apenas contiene 5,6% de todo el territorio de la Amazonia. Venezuela también es el país con mayor proporción de TI (territorios indígenas y ANP (Áreas Nacionales Protegidas) afectados por minería ilegal[13].
Servicios básicos: fallas que arrastran problemas ambientales
Intentamos verificar si los dichos por los expertos colaboradores habituales y por quienes declararon a Mongabay en enero de 2020 y, en el mejor de los casos, la situación no es menos mala que en esa fecha. Se destacaba en su momento:
“En un país en el que 9 de cada 10 hogares, aproximadamente, se ven obligados a almacenar agua potable para prevenir las fallas de suministro de agua —de acuerdo con cifras del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos—, donde el 46 % de la población disfruta del servicio menos de cuatro días a la semana y en el que la mitad de los habitantes lidia a diario con los apagones[14], conservar los espacios naturales puede ser visto como un tema de menor relevancia, sin embargo todo está relacionado. Proteger los puntos de donde se extraen los recursos es fundamental.
El conflicto que genera el mal servicio del agua está asociado a su vez con el suministro eléctrico. En el país más del 70% de la energía proviene de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar (conocida como Guri por el embalse que la alimenta), que a su vez es mantenida por la cuenca del río Caroní, hoy afectada por la actividad extractivista del Arco Minero del Orinoco.
“Si se mantienen las actividades de minería dentro de las cabeceras de ríos, la capacidad de producir agua potable de calidad para consumo humano y riego va a verse más comprometida y, por otro lado, la capacidad de producir energía eléctrica va a verse más comprometida de lo que ya se encuentra”, destaca la bióloga Tina Oliveira, quien es coordinadora del Observatorio Socioambiental del Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía “Wataniba”.
La investigadora acota que el problema de electricidad en Venezuela no es solo de infraestructura —debido al escaso mantenimiento de los acueductos, tuberías y embalses— sino también un problema de origen porque la fuente del agua sufre por la deforestación y la minería. “Esa dos actividades están incidiendo en la capacidad productiva de agua de toda la zona centro-norte del país”, subraya y destaca que en esa situación están los embalses de todo el país, sobre todo los de Carabobo, Aragua, Miranda y los Andes.
Esa deforestación, en parte, es producto de otra falla de servicio: la del suministro de gas. El Observatorio Venezolano de Servicios Públicos señala que solo (para comienzos de 2020, 26% de la población recibía bombonas de gas una o dos veces al mes). Por eso, cada vez es más frecuente que en los pueblos, los habitantes decidan irse a los bosques para cortar leña que les sirva para cocinar. Otra realidad que debe revertirse.
“A mediano plazo hay que reforestar masivamente las cuencas. Los resultados no se ven nunca a corto plazo porque son superficies grandes de terreno, pero hay tecnologías adecuadas para hacerlo que deben ponerse en práctica”, acota Alejandro Álvarez.
Se resuena por la vida
Pese a quien pese, la actuación de algunas personalidades y organizaciones ambientalistas que aún desarrollan de manera sistemática programas y proyectos educativos, de defensa y de desarrollo con acciones ambientalistas y ecológicas en distintos puntos de la geografía nacional constituyen “los tambores que resuenan por la vida”. Con problemas para la articulación como consecuencia de la propia situación nacional, limitados en recursos, afectados por los problemas sociales, políticos y económicos que se viven en toda Venezuela pero notablemente creativos, productivos y activo, es decir, para usar un término en boga: resilientes.
Algunas por su activismo y compromiso con grupos y sectores sociales, son víctimas de los intereses de sectores oficiales y privados que pueden verse afectados por denuncias y actuación en favor del ambiente. Uno de los expertos pidió citar como especial baluarte a la Sociedad Venezolana de Ecología. Nuestra organización, Geografía Viva, ha encontrado por su parte, en la promoción de corredores de autoabastecimiento agroecológico, una vía alterna, no pretendemos ser neutrales, pero sí tener capacidad de diálogo con todos los sectores. Estamos trabajando duro en ello y esperamos que este año próximo podamos llegar más allá de Jají y su entorno rural, donde hoy estamos.
Desde estas páginas destacamos que la sociedad civil venezolana aún tiene voceros activos en materia de Ambiente y esto es un gran valor que no podemos despreciar.
Cerramos 2020, logrando publicar 52 artículos, no paramos ni una sola semana del año, con un profundo agradecimiento a colaboradores incansables como Alejandro Álvarez, Alejandro Luy, la periodista del propio El Nacional Patricia Molina, Jesús Delgado, Antonio Pou, Hernan Sorhuet, Julio Alexander Parra, Antonio De Lisio, Joaquín Benitez Maal (UCAB), Luis Sandia (CIDIAT-ULA), Giancarlo Alciaturi, Asociación Civil “Chunikai”, Sociedad “Homo et Natura” Observatorio “Wataniba”, Finca Agroecológica “La Isla” (Mérida), habitantes de comunidades rurales de Jají (estado Mérida) quienes hoy día participan en proyectos impulsados por Geografía Viva en alianza con varias organizaciones locales; en fin, hay en realidad son innumerables los colaboradores a quienes extendemos nuestro más profundo reconocimiento, puede si se desea visitarse el espacio web de El Nacional https://www.elnacional.com/author/col-retosambientales/
[1] https://www.newtral.es/emisiones-co2-aumentan-respiro-confinamientos/20200911/
[2] https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2020-05-19/caida-emisiones-co2-coronavirus-medio-ambiente_2601784/
[3] https://elpais.com/sociedad/2020-09-23/china-redobla-sus-compromisos-contra-el-cambio-climatico.html
[4] https://www.consilium.europa.eu/es/policies/climate-change/#
[5]https://es.mongabay.com/2020/01/desafios-ambientales-venezuela-2020/
[6] https://www.nacion.com/el-mundo/interes-humano/el-petroleo-esta-matando-el-lago-de-maracaibo-en/TJYWW6QWVZDVDK2CSJAWU3VRL4/story/
[7] https://www.elnacional.com/opinion/uso-de-la-lena-en-venezuela-una-amenaza-que-se-extiende/
[9] En materia del sufrimiento pérdidas en la protección de áreas bajo régimen de protección especial (ABRAE) debemos recordar la reciente partida de Maritza Pulido, la fundadora de los Juegos Ecológicos en los Parques Nacionales, una partida que, triste pero afortunadamente, deja una inmensa huella de conciencia ambientalista.
[10] https://es.wikipedia.org/wiki/Arco_Minero_del_Orinoco
[11] https://news.un.org/es/story/2020/07/1477471
[12] https://www.elnacional.com/opinion/amazonia-bajo-presion-2020-foco-en-venezuela/
[13] https://www.elnacional.com/opinion/la-amazonia-se-ha-deteriorado-en-ocho-anos-muestra-el-analisis-inedito-realizado-en-nueve-paises-1/
[14] Caracas, 15 de diciembre de 2020.-. En el último estudio realizado por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, durante los meses de octubre y noviembre de 2020, un 74,7% de los ciudadanos encuestados en 12 ciudades del país valoró negativamente el servicio eléctrico, siendo las fluctuaciones eléctricas, con un 46,3%, la principal razón de dichas opiniones. Fuente: http://www.observatoriovsp.org/ovsp-las-fluctuaciones-electricas-son-la-principal-razon-para-la-evaluacion-negativa-del-servicio/