El tercer informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela revela que desde las altas esferas de Miraflores se ha ordenado la tortura. La desesperanza podría llevar a algunas personas a decir que descubrieron el agua tibia, pero no es así. Los resultados de la labor de esta comisión han sido demoledores para la cúpula del chavismo. Es bueno que lo que tantas veces se ha denunciado lo validen otras voces internacionales. La primera consecuencia de ello se está viendo precisamente en la reunión de la Asamblea General, donde países suramericanos están dispuestos a solicitar que las investigaciones en el país continúen.
“Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual. Estas prácticas deben cesar inmediatamente y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley”, ha declarado Marta Valiñas, presidenta de la misión de la ONU. Son dos informes, cada uno de 120 páginas; en uno se recogen testimonios dolorosos de venezolanos víctimas de torturas y sus familiares y en el segundo la aberrante situación en las zonas fronterizas del sur y los maltratos a los indígenas.
No hay nada oculto ahora. Incluso del informe sobre torturas, tratos crueles y violencia sexual se desprende que solo en el área metropolitana de Caracas hay 17 centros de tortura que dependen de la Dirección General de Inteligencia Militar. Esta información fue obtenida a partir de testimonios de exfuncionarios que la misión entrevistó. Sobre la base de esas declaraciones también identifican a la cadena de mando responsable de estos terribles hechos, entre quienes destacan Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.
“Eso es lo que recibimos sobre la implicación de altos niveles políticos, incluido el presidente, en lo tocante a determinar quién debía ser vigilado y detenido, y en algunos casos ser sometido a un trato equiparable a actos de tortura u otras formas de maltrato”, se puede leer en los documentos.
Tienen sustentados 173 casos de violaciones de derechos humanos. Pero los crímenes del Sebin y la Dgcim, dicen los investigadores, continúan hoy en día. «Se mantienen las mismas estructuras, patrones y prácticas. Varios de los funcionarios entre los investigados por la misión siguen trabajando para estos organismos y en algunos casos han sido ascendidos. El análisis detalla, en definitiva, cómo esta maquinaria fue puesta en marcha por el presidente Maduro y otras autoridades de alto nivel como parte de un plan deliberado del gobierno para reprimir la crítica y la oposición».
Queda más que claro que no hay posibilidad alguna de que los autores intelectuales de esta terrorífica realidad sean juzgados y castigados en el país por los delitos de lesa humanidad que han cometido durante años. Y por eso es tan importante que se prolongue el mandato de la misión de investigación que vence a finales de septiembre. Paraguay y Argentina ya expresaron su deseo de que los expertos sigan indagando in situ y el presidente de Chile, Gabriel Boric, insiste en hacer público ante los países miembros de la ONU que el problema de Venezuela necesita atención.
Para los venezolanos, que se sepa la verdad de la tragedia, la profundidad del sufrimiento y la crueldad del régimen es importante. Pero sobre todo si contribuye a hacer justicia. Una vez más, hay que reiterar que los delitos de lesa humanidad no prescriben, así que los responsables tendrán que ser sentenciados tarde o temprano.