Todos los venezolanos, desde hace generaciones, hemos tenido que aprender a vivir con una herida abierta al costado derecho de nuestra patria, 159.542 kilómetros cuadrados de un territorio, el Esequibo, que nos ha sido arrebatado por la fuerza de los hechos, un conflicto territorial que ahora ha pasado a la Corte Internacional de Justicia en La Haya.
Nuestra soberanía sobre el Esequibo, ¡nuestro Esequibo!, es indiscutible desde la partida de nacimiento de la Capitanía General de Venezuela (1777) y nuestro parto ante el mundo como república separada de la Gran Colombia en 1831. Un conflicto complejo, iniciado en 1841, donde un pequeño país como Venezuela, arruinado y debilitado después de más de una década de Guerra de Independencia y sometido a la inestabilidad política, guerras civiles y cuartelazos militares de nuestro siglo XIX, tuvo que hacer frente a la potencia económica y militar más sólida e importante del mundo, el Reino Unido, en el momento de mayor esplendor de su vocación colonial e imperialista.
No exageramos si decimos que en este conflicto se han hecho presente episodios cuestionables de la geopolítica internacional y errores de nuestra diplomacia. Fue un territorio que por la vía de los hechos fue ocupado por una potencia extranjera, un reclamo territorial llevado a juicio ante tribunales internacionales con mapas forjados, sin una representación legítima de Venezuela y en medio de componendas entre naciones (Laudo Arbitral de París de 1899). En el período de paz democrática se cometió el error de reconocer la independencia de Guyana (1966) sin haber resuelto la demarcación territorial, no haber tenido una presencia en el territorio en disputa, haber dejado sobregirar nuestra paciencia diplomática con la constante postergación en la aplicación de los Acuerdos de Ginebra (1966) y haber insistido en una estrategia que desplazaba hacia el futuro la resolución de un conflicto, confiando en la buena voluntad de un vecino que ha sabido calcular las oportunidades para mantener bajo su control nuestro territorio, hasta reclamarlo legalmente, y de manera unilateral, ante la Corte Internacional de Justicia (2018), desconociendo los Acuerdos de Ginebra.
En los últimos años debimos sacar adelante lo firmado en Ginebra y no permitir que los poderosos que nos gobernaran confiaran en supuestas afinidades ideológicas entre ambas naciones. Que un presidente venezolano haya acudido a Georgetown (2004) en medio de ambiciosos planes de unión latinoamericana y desde allí autorizara a los guyaneses a explorar y explotar los recursos mineros en la zona en reclamación, ubicar el conflicto dentro de coordenadas ideológicas simplistas donde el imperio norteamericano y sus ambiciones divisionistas en la región es la razón que subyace en el conflicto territorial, el considerar que el reclamo de nuestro territorio es un asunto “espurio” motivado por razones imperialistas (informe de Wikileaks), aceptar la asesoría de Cuba quienes, desde 1981, se ha puesto abiertamente de lado de Guyana acusando a Venezuela de tendencias “expansionistas”, hacerse la vista gorda ante la explotación minera que venía haciendo Guyana en la zona en reclamación y premiar la vocación por el robo de nuestro territorio con la generosa chequera de Petro Caribe, son sólo un breve listado de los errores que llevaron a nuestros vecinos a intentar tomar de manera definitiva, por la vía judicial, un territorio que había sido abandonado por quienes nos gobiernan hasta hace unos pocos años.
La resolución de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Organización de las Naciones Unidas de hacerse cargo del problema territorial (2023) a solicitud del gobierno de Guyana, es un escenario negativo para la estrategia diplomática de Venezuela que ahora ha vuelto sobres sus pasos exigiendo la aplicación de los Acuerdos de Ginebra. A pesar de la mala noticia, buena parte de los especialistas coinciden en que la situación no está perdida para el país. Tenemos una oportunidad de ir a otras instancias, explorar opciones diplomáticas e incluso defender, ante la CIJ, nuestro derecho sobre la zona en reclamación.
En este contexto resulta sorprendente que quienes nos gobiernen propongan un referéndum consultivo sobre el Esequibo. Uno de los consensos en el que coincidimos los venezolanos es en la defensa de nuestra integridad territorial y el rechazo a las proximidades ideológicas con Guyana, un error político y diplomático grave que ha complicado nuestro derecho sobre ese territorio. La convocatoria, a un año de las elecciones presidenciales y a menos de un mes de celebrarse las primarias de la oposición, parece una iniciativa que busca incidir en asuntos de política interna del país sin el menor efecto sobre lo que se decida en la Corte Internacional, puede ser un esfuerzo para pretender dividir a los venezolanos con las imposición de las falsas etiquetas de “patriotas” o “apátridas” y parece ser una estrategia para poner en la calle un nacionalismo panfletario que refresquen la imagen de quienes nos gobiernan de manera autoritaria.
Quienes están en el poder debe aparcar la confrontación que tiene con la academia venezolana y con los especialistas que han dedicado su vida a investigar y defender nuestro derecho sobre el Esequibo. La defensa de nuestra frontera requiere unidad, pero no en torno a un proyecto político que nos ha dividido y perseguido de manera cruel, sino en apoyo a los mejores talentos que puedan defender los intereses de Venezuela. El reto que tenemos por delante no se resuelve con un referéndum innecesario, no es un asunto de marchas y consignas, requiere un trabajo profesional, de verdaderos especialistas convocados para defender nuestra soberanía.
¡Todavía hay tiempo!
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