El martes 13 de junio en la mañana, Manuel Antonio Márquez Maldonado, comerciante informal de 28 años de edad, fue asesinado de un tiro en el pecho por funcionarios del Cicpc adscritos a la delegación de El Llanito y de Coche, quienes entraron abruptamente a su apartamento en la torre 15 de Ciudad Mariches, de la Misión Vivienda, en Fila de Mariches
El reporte de su hermana, Luzmila Maldonado, indica que en un operativo que duró hasta las 2:00 pm, los policías sacaron de la vivienda a una adolescente de 14 años y le dieron varias cachetadas; a una niña la halaron por los cabellos y a la esposa de Márquez Maldonado la empujaron por las escaleras. Cuando entraron a la habitación donde Márquez Maldonado dormía, lo mataron. El Cicpc informó que el hombre le había disparado a la comisión.
“No fue un enfrentamiento porque mi hermano no portaba armas de fuego”, afirmó la mujer y añadió que no solo se llevaron el cadáver del joven, sino también el dinero en efectivo y la comida de la familia.
El martes 24 de octubre en la mañana una comisión del Cicpc ultimó a Argenis Castillo Vergara, de 32 años de edad, en un supuesto enfrentamiento en el urbanismo Ciudad Tiuna de la Misión Vivienda, en Fuerte Tiuna, instalación militar.
Fuentes policiales señalaron que el hombre, con un amplio registro policial por secuestro y robo de vehículos, fue visto en actitud sospechosa a bordo de un automóvil Mazda 3, color gris, cuando realizaban averiguaciones en los alrededores del Regimiento de Apoyo Logístico 82. De acuerdo con el reporte oficial, se le dio la voz de alto pero no se detuvo y se produjo el fuego de lado y lado. Solo Castillo Vergara resultó muerto.
Estos hechos son dos de los casos que los cuerpos policiales ubican en la categoría “resistencia a la autoridad”, que ha aumentado de manera exponencial en lo que va de 2017, indican estudios del Observatorio Venezolano de Violencia.
“Cada día mueren 15 personas –son dadas de baja, en el argot policial– en enfrentamientos con la policía en todo el país, de acuerdo con nuestras investigaciones, lo cual quiere decir que van 4.500 muertes por esta causa. Calculamos que 2017 termine con más de 5.500 personas muertas”, señaló Roberto Briceño-León, director de la organización no gubernamental.
El año pasado se registraron 14 muertes diarias. En ese período, de cada 4 homicidios que ocurrían 3 correspondían a la acción de la delincuencia y el otro a la de la policía. En 2017 ese porcentaje varió: de cada 3 muertes 2 se atribuyen a la delincuencia y una a la actuación de los cuerpos uniformados, lo que significa que estos son responsables de 35% de los casos.
“La resistencia a la autoridad, dentro de la cual está la figura del enfrentamiento, es un elemento importante que está marcando la violencia urbana. Ha aumentado su presencia en el país”, precisó.
La mayoría de las muertes a manos de policías suceden en zonas populares de Caracas como Petare, la Cota 905, Caricuao y Macanao, y está focalizada principalmente en los urbanismos de Misión Vivienda, incluidos los del interior.
Si bien la resistencia a la autoridad comenzó con mayor énfasis con la acción sostenida de la OLP, Operación de Liberación del Pueblo, creada a mediados de 2015 y que se ha mantenido en los años siguientes, están involucrados todos los cuerpos de seguridad, especialmente las FAES, Fuerzas de Acciones Especiales de la PNB y el Cicpc, pero no están plenamente identificados. “Las familias o los datos recabados señalan a las policías en general. Muchas veces no los reconocen porque los funcionarios no están identificados como tales, usan capuchas, por ejemplo”, afirmó.
Entre las víctimas puede haber delincuentes, pero también personas que estaban en el sitio equivocado; en otros casos puede darse la justicia privada. No obstante, la mayoría son hombres jóvenes: 60% de las víctimas de homicidio tiene 29 años o menos.
Más violencia. “Se está desangrando el país por el delito y por la propia acción del Estado también”, advirtió Briceño-León. Pues, aunque Venezuela no tiene pena de muerte, los policías actúan como jueces sin poder serlo y están incurriendo en la ejecución.
“Los homicidios se mantienen con sus altibajos, pero el crecimiento de las muertes por parte del Estado persiste y se mantiene la figura de los desaparecidos, de las averiguaciones de muerte que han aumentado en el país y que tienen que ver con la acción del Estado”, agregó.
El especialista dijo que esta acción desmedida de los cuerpos policiales y militares va más allá de un asunto ético y moral. “Cuando esto ocurre la sociedad se hace más violenta. La represión, la fuerza desproporcionada del Estado no disminuye la violencia”.
Es una situación propia de sociedades en las cuales no funciona la ley como reguladora de la sociedad. “Lo particular en Venezuela, y por eso quizás está entre los tres países más violentos del mundo, es que hay una combinación de una ley que no se cumple, que se acomoda a lo que se quiere obtener, con otra ley que dejó de regir la convivencia. Y esto regula la cotidianidad: son las colas para comprar comida, pero también es la asamblea constituyente. La ley no funciona como reguladora de la vida social, o no se aplica. Hay una deslegitimación de la norma como reguladora de las relaciones entre las personas, y cuando esto ocurre se regresa a la fuerza como un asunto deliberado o de populismo, o de las dos a la vez. Es lo que ha ocurrido con la OLP: es producto de un populismo criminalístico que quiere mostrar supuesta efectividad sin tener resultados”.