Abogados denunciaron que la justicia penal venezolana se ha utilizado para cercenar las libertades y los derechos humanos de las personas que el gobierno considera un factor de peligro para su estabilidad.
En el foro Presos políticos sin derechos humanos, organizado por el Observatorio Venezolano de Prisiones, el penalista Alberto Arteaga Sánchez, aseguró que el sistema de justicia “se está usando como mecanismo de venganza contra los presos políticos” que, de acuerdo con el Foro Penal, son 274 personas que actualmente duermen detrás de barrotes de cárceles y centros de retención del país.
Indicó que el Código Orgánico Penal y el Código Orgánico Penitenciario han sido sustituidos por prácticas sin fundamentos para perseguir a los ciudadanos.
Arteaga denunció que la “criptojusticia” –un aparato “perverso” de remedo de la justicia–, abre investigaciones con base en testimonios de patriotas cooperantes sin identificación y somete a ciudadanos a procesos en los que inventan hechos de flagrancia, se les viola el derecho a la presunción de inocencia y que en algunos casos pagan penas anticipadas.
El penalista advirtió que en Venezuela “todos los ciudadanos estamos bajo libertad condicional: podemos ser apresados en cualquier momento por órdenes superiores”. Dijo que este fue el primer país en abolir la pena de muerte, pero que ahora “tenemos pena de muerte de hecho”.
Previo al conversatorio desarrollado en conmemoración del Día de los Derechos Humanos, Gonzalo Himiob, director del Foro Penal, advirtió que desde 2014 hahabido una explosión del patrón de persecución del gobierno que ha dejado hasta la fecha 12.007 detenidos por razones políticas.
Respecto a la exigencia de la oposición de liberar a 114 presos políticos como muestra de los primeros resultados de las negociaciones con el gobierno en República Dominicana, manifestó: “Es grave que se liberen a las personas y se dejen a otras encarceladas sin explicación”.
Aseguró que la persecución política no se soluciona liberando a un grupo de personas. Agregó que es necesario que se aplique una Ley de Amnistía.
Señaló que en 2017 se registraron 759 civiles presentados en tribunales militares, de los cuales 136 permanecen encarcelados e indicó que apenas 5% de los presos políticos han sido condenados; el resto se encuentra encarcelado a la espera de sentencias “cumpliendo una pena anticipada y sin derecho a juicio”.
Durante la sesión ordinaria, diputados de la Asamblea Nacional aprobaron por unanimidad la moción sobre la situación de los presos políticos en Venezuela, en la cual se exige su liberación y protección a sus derechos humanos, a través de medidas emitidas por los tribunales competentes.