«¡Leales siempre, traidores nunca!», hace repetir a sus seguidores Nicolás Maduro. Y estos días en que el futuro de la crisis se juega fundamentalmente en los cuarteles, el oficialismo cuenta con un ingrediente extra para asegurarse la lealtad de los 140.000 militares que tiene el país. El papel preponderante que el chavismo asignó a los uniformados en la economía de Venezuela se vería amenazado en un régimen democrático como el que propone el presidente interino Juan Guaidó .
«A los militares ya no les interesa tanto el poder político de los ministerios como el manejo de las empresas, especialmente en tres actividades que producen divisas: el petróleo, la minería y los alimentos», explicó a La Nación Rocío San Miguel, de la ONG Control Ciudadano, que el año pasado publicó el informe «El entramado de empresas, fundaciones y órganos militares en Venezuela».
La petrolera estatal Pdvsa, que aporta más de 95% de los ingresos del presupuesto nacional, es dirigida desde hace año y medio por un oficial de la Guardia Nacional Bolivariana, Manuel Quevedo, mayor general sin experiencia en la materia.
El segundo rubro es la minería, puesto que Venezuela ostenta una de las reservas de bauxita (de la que se obtiene el aluminio), oro y diamantes más grandes del mundo. La explotación minera está controlada por los militares a través de Camimpeg (Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas, creada en 2016), presidida por el mayor general Alexander Cornelio Hernández Quintana.
Otra especialista, Francine Jacome, directora ejecutiva del Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos, Invesp, indicó que hoy «es mucho más fácil ver en qué sectores económicos los militares no tienen un dominio directo, ya que la mayor parte está bajo su control».
Las áreas económicas que escapan de la administración castrense son «espacios muy limitados que quedaron en manos privadas: comercios, pymes, telecomunicaciones y banca», dijo Jacome. «Pero aun allí existe una supervisión gubernamental permanente y en muchos casos mediante entes controlados por militares en actividad o retirados», señala.
Garantía
La creciente inserción de los militares en la economía marcha coincide con el deterioro de la situación general en los últimos años y la necesidad de garantizar el apoyo de las Fuerzas Armadas (Guardia Nacional Bolivariana, Aviación Militar, Ejército y Armada). Si solo fuera por su salario militar, por ejemplo, un mayor ganaría apenas el equivalente a cerca de 15 dólares mensuales, ingreso que le alcanzaría para mantener a su familia durante tres días.
Así, de la solitaria empresa Cavim (Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares), fundada en 1975 y dedicada a la fabricación e importación de municiones y armamentos, los militares cuentan hoy con 20 compañías que abarcan desde la siembra y cosecha de granos hasta la fabricación de productos de limpieza, textos escolares y juguetes.
La gran pregunta entonces es si un futuro gobierno democrático podría «desarmar» este entramado para regresar el control de la economía a manos privadas. «Hasta que Guaidó no les ofrezca a las Fuerzas Armadas un plan de futuro no hay posibilidad que reviertan su apoyo a Maduro», estimó San Miguel.
Por su parte, Jacome agregó: «En una transición a la democracia, siempre en el mediano plazo, hay que fomentar estrategias de confianza mutua que permitan el control civil sobre el sector militar».
La especialista estableció además una relación directa entre el creciente papel militar en la economía y el incremento de los índices de inseguridad en el país más violento de América Latina, que el año pasado llegó a 81 homicidios por cada 100.000 habitantes. «Es necesario que los militares vuelvan a la institucionalidad y el profesionalismo para ejercer el monopolio legítimo de la fuerza», concluyó.