El oficialismo presentó este jueves 70 observaciones sobre el informe presentado por Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en el que reconoce la crisis de Venezuela.

En un comunicado emitido por la Cancillería, los dirigentes oficialistas señalaron que el documento tiene una visión distorsionada, selectiva y parcializada del trato a los derechos humanos en el país. 

“No es objetivo, ni imparcial; un análisis donde se privilegien al extremo los señalamientos negativos y se invisibilice o minimice los avances y medidas adoptadas en materia de derechos humanos”, indica. 

Considera que el uso del término de crisis humanitaria se utilizó con ligereza, debido a que la situación del país no encaja con los estatutos de la palabra en el ámbito del Derecho Internacional, y acota que el oficialismo aplica el carnet de la patria, las cajas de comida del Comités Locales de Abastecimiento y Producción y el subsidio de los servicios básicos como medidas positivas para el poder adquisitivo de los ciudadanos. 

El oficialismo desestimó numerosos puntos del informe por omitir los datos suministrados por ellos y expresa que la ONU acusó al régimen de Nicolás Maduro por calificaciones falsas.

Entre dichos puntos, la publicación de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos reconoció a las 40 personas fallecidas durante los apagones que ocurrieron en marzo de 2018, lo cual fue refutado por la Cancillería porque la “inmensa mayoría” de los hospitales tiene plantas eléctricas.

“El informe acusa al oficialismo de desarrollar una política de represión y persecución de la disidencia. Este señalamiento resulta falso”, alega.

El documento asegura que no existen personas privadas de libertad por motivos políticos en el país, hecho que hace inaplicable la sugerencia de Bachelet sobre la liberación de los presos políticos.

“El informe recomienda otorgar libertad a todas las personas detenidas ‘por motivos políticos’. Esta recomendación resulta inaplicable y, por tanto, equivocada, pues en Venezuela no existen personas detenidas por tal condición”, señala.

Insta al Acnudh a realizar las correcciones sugeridas antes de la publicación del informe final.


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