En la sesión de ayer en la tarde, la ANC aprobó la Ley del Régimen Tributario Especial para el Desarrollo del Arco Minero del Orinoco. El artículo 4 del nuevo instrumento establece: “El pago del impuesto sobre la renta que se genere por la venta de oro en el exterior, autorizado por el BCV, se realizará en moneda extranjera o su equivalente en oro”.
La disposición fue argumentada por el ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano, por la necesidad de divisas que tiene el país.
El dirigente Andrés Velásquez (LCR) señaló: “El gobierno busca raspar la olla con la Ley Tributaria del Arco Minero a costa de la obtención de divisas. Con la ley, el Ejecutivo incorpora un nuevo modelo rentista dado que el petróleo ya no da más. Esta ley tendrá además un impacto devastador en materia ecológica porque afectará el sistema más frágil que tenemos en el país, y afectará las cuencas y todo lo que implica vida”.
Añadió que el nuevo instrumento, uno de los ocho presentados por el presidente Nicolás Maduro ante la constituyente, es inconstitucional porque fue aprobado por una instancia ilegítima y no por el Poder Legislativo elegido en diciembre de 2015.
En este último aspecto coincidió el diputado Elías Matta (LCR), quien destacó que la carta magna concede a la Asamblea Nacional la atribución única para legislar y normar todo lo que hay en el subsuelo. Como Velásquez, cree que el gobierno quema otros cartuchos ante la crisis, “pero no termina de cuadrar cómo raspar la olla. Tampoco se explica el fracaso de la producción petrolera. Recientemente el gobierno presentó como un logro la entrega de ganancias por el oro al BCV, por 300 millones de dólares que solamente representan cuatro días de producción petrolera”.
Matta agregó que detrás de las regalías por la explotación de minerales “hay una mano peluda”. Recordó que en 2016 la AN aprobó una reforma parcial de la Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación de Oro, que luego fue invalidada por el TSJ, en septiembre del año pasado, bajo el reiterado argumento del desacato.
Con la nueva ley se reserva al presidente, sin consultar a otro organismo del Estado, la atribución para fijar las tarifas gravables para las empresas mineras explotadoras de oro y otros minerales.
Patrimonio. El primer vicepresidente de la ANC, Aristóbulo Istúriz, aseguró que la aprobación de la nueva ley “constituye un acto de soberanía. Es un ejercicio de soberanía prepararse para tener el control real de la faja y prepararse para tener el control real del arco minero”.
Según Istúriz, el instrumento propiciará la preservación del patrimonio ambiental, además de garantizar los derechos de los pueblos indígenas, los campesinos y los pequeños mineros.
El ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano, aseguró que la Ley del Régimen Tributario para el Desarrollo Soberano del Arco Minero permitirá “impulsar las inversiones para superar el modelo rentista petrolero y alcanzar una economía diversificada que busque mayor cantidad de felicidad para el pueblo”.
Cano argumentó que el instrumento aprobado ayer garantiza, además, el control soberano hegemónico del Estado en el desarrollo de la cadena productiva del sector minero y sus actividades conexas en el Arco Minero de Guayana. De acuerdo con el ministro, los recursos minerales que alberga el Arco Minero del Orinoco incluyen diamantes, oro, hierro y bauxita, y representan un potencial de 1,6 billones de dólares.
Contra el contrabando
El ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano, aseguró que la Ley del Régimen Tributario para el Desarrollo Soberano del Arco Minero será la norma adecuada para el combate del contrabando.
Descartó que la norma implique la destrucción del Arco Minero del Orinoco: “Estamos reordenando. Significa la verdadera soberanía de nuestros recursos para el desarrollo económico del país”.
En la nueva ley se fija un régimen especial tributario para tres actores: las empresas y corporaciones, propiedad de la República con 100% de las acciones propiedad del Estado; las empresas mixtas, que se reservan 55% de las acciones al Estado; y finalmente las alianzas estratégicas del Estado con la pequeña minería.