El abogado Alonso Medina Roa denunció este martes que el cuerpo del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo aún permanece en la Morgue de Bello Monte.
Roa aseguró que los familiares de Acosta Arévalo han sido burlados por parte de las autoridades gubernamentales para no hacer la entrega del cadáver en el tiempo establecido que estipula la ley.
Durante una entrevista ofrecida al periodista Vladimir Villegas, reiteró que cuando Acosta Arévalo fue detenido tenía perfecta capacidad motora.
«El 28, ocho días después de la detención, a pesar de que nuestra legislación dice que en 48 horas se debe presentar ante el tribunal, fue trasladado por una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) a la sede de los tribunales militares con la finalidad de presentarlo ante el Tribunal Militar Tercero de Control. Llegó en silla de ruedas, se le imposibilitaba el movimiento de las manos y las piernas, los ojos desorbitados, y simplemente pedía auxilio», dijo.
Detalló que, luego de que el juez vio las condiciones de Acosta Arévalo, ordenó su traslado al Hospital Militar Vicente Salias, en Fuerte Tiuna, donde murió horas más tarde.
Roa indicó que el video que mostró Jorge Rodríguez, en el que acusó al capitán de hacer un plan en contra del régimen, representa una violación a las normas establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal.
«El señor Rodríguez no es parte de esa causa, y sin embargo divulga con toda la ligereza la información. Vamos a suponer que eso es cierto, que lo reflejado en ese video es cierto. Eso no justifica bajo ninguna circunstancia cómo terminó la situación del capitán», agregó.
El abogado indicó que durante su reunión con la alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, le hizo el planteamiento del tema de las torturas y el peligro al que están sometidos los detenidos en la Dgcim.
«Hasta hoy hemos registrado más de 270 casos de denuncias de torturas en los últimos años. 80% de los detenidos en la Dgcim, presentados ante los tribunales militares por causas políticas, han referido en presencia del juez ya sea militar o civil que han sido sometidos a salvajes torturas», añadió.
Roa rechazó que el Ministerio Público precalificara como homicidio preterintencional con causal la muerte de Arévalo, y que el Tribunal 36 de Control acogiera la precalificación jurídica de homicidio preterintencional con causal.
«El tema de homicidio como lo pretenden calificar puede generar una responsabilidad si se determina que esta persona son culpables. El tema de la tortura puede generar una responsabilidad penal individual y una responsabilidad solidaria al estado», señaló.
Con información de Unión Radio