Además de insistir en la ilegalidad e inconstitucionalidad del procesamiento de civiles ante la justicia militar, los abogados defensores de las personas presentadas ante esa jurisdicción denuncian vicios.
Revelaron incongruencias en las actas policiales e imputación de delitos que, al tener su equivalente en la jurisdicción civil, son aplicados en su acepción militar. También es reiterada la imposición de defensores públicos, la imposibilidad de acceso a los expedientes, presuntos tratos crueles, detenciones arbitrarias y contradicciones en las actas policiales.
El director del Foro Penal, Alfredo Romero, denunció que los tribunales militares se constituyen en los comandos de la GNB, y los funcionarios que practican las detenciones se encuentran presentes y armados en las audiencias de presentación.
El primer caso de civiles presentados ante una corte militar se registró entre el 10 y el 11 de abril en el estado Lara. En esa ocasión, ocho personas fueron llevadas ante el Tribunal 7° de Control Penal Militar de Lara. El fin de semana del 5, 6 y 7 de mayo la práctica comenzó a generalizarse. Desde entonces, al menos 172 personas han sido presentadas ante jueces militares en Carabobo; 4 en Caracas, 1 en Vargas, 20 en Falcón, 19 en Zulia y otros 2 en Lara.
Algunos casos. Laura Valbuena, del Foro Penal-Zulia, explicó que 5 cuerpos policiales participaron en la detención de 16 personas por derribar una estatua de Chávez en Villa del Rosario, pero según el acta, 8 de ellos fueron capturados juntos y en flagrancia aunque no fue así: el hecho ocurrió el viernes 5 y las detenciones se registraron el sábado. “Les quieren imputar de rebelión y ultraje al centinela, aunque no existe ningún centinela agredido”, relató. En Maracaibo otras 3 personas fueron llevadas a la corte militar: un manifestante y 2 indigentes.
Pedro Troconis, del Foro Penal-Lara, explicó que los ocho primeros ciudadanos pasados a jurisdicción militar en ese estado se encontraban en el estacionamiento de los edificios Yukpa y Los Álamos, frente al CORE 4, en una zona popular de Barquisimeto: “Los hechos que refleja el acta corresponden al delito de instigación pública, un delito civil; sin embargo, imputaron ataque al centinela y violación de zona de seguridad militar, aunque no se identifica cuál centinela fue atacado y estas personas estaban en su residencia”.
Andrés Colmenárez, de la ONG Funpaz, advierte: “La justicia militar está actuando contra personas de estratos socioeconómicos muy bajos: vigilantes, obreros, estudiantes humildes. Todo para criminalizar la protesta”.
Gonzalo Himiob, del Foro Penal-Caracas, asiste al grupo familiar integrado por Carmen Salazar, Ramses García y Oswaldo García, presentados el martes ante un tribunal militar en Fuerte Tiuna. Denunció que se le impidió a la defensa ingresar a la audiencia: “Se les impuso un defensor público, aunque sus abogados estábamos aquí”, dijo. Les imputaron traición a la patria e instigación a la rebelión.
En el caso de Falcón, el Tribunal Militar 9° de Control ha pasado a juicio a 8 de 20 estudiantes detenidos por protestar el fin de semana, y los mandó a Ramo Verde. La medida se dictó en ausencia de los abogados defensores.
La Fiscalía pide juicios civiles La Fiscalía 41° del Zulia solicitó al Tribunal 1º de Control de esa entidad que las 14 personas por derribar la estatua de Chávez en Villa del Rosario no sean juzgadas por la jurisdicción militar. En nota de prensa el Ministerio Público señala: “La Constitución garantiza el procesamiento de civiles ante la jurisdicción ordinaria”. Laura Valbuena, del Foro Penal, explicó que está previsto que la audiencia de presentación de esas personas, que comenzó el martes, continúe hoy jueves, pero “ahora, con esta solicitud de la Fiscalía, le corresponde a la Sala Plena del TSJ decidir si el caso pasa a jurisdicción civil o se queda en la militar”. |