La ONG Acción por la Libertad exige atención médica con urgencia para Laided Salazar y Erika Palacios, que se encuentran presas por motivos políticos; Salazar enfrenta prisión desde 2014 y Palacios fue detenida en enero de este año. Ambas han desarrollado enfermedades durante la reclusión.
Zulmaire González, coordinadora de la ONG, afirmó que actualmente en el país existen 18 mujeres presas por motivos políticos. Detalló que, pese a que en diciembre liberaron a cinco, entre enero y febrero de este año han apresado a siete.
Indicó que Salazar fue aprehendida en 2014 y que desde 2016 tiene arresto domiciliario, luego de recibir una medida humanitaria por su estado de salud. En esa fecha padecía de una enfermedad odontológica, por lo cual debió hacerse varios exámenes médicos, pero hasta la fecha –dos años después– no ha recibido los resultados, ni ha sido atendida otra vez por un profesional de la salud, denunciaron sus familiares y abogados.
En el informe de la ONG sobre la situación de las presas políticas en el país, se señala que Salazar, quien es odontóloga y capitán de la Fuerza Aérea, fue acusada de conspirar y planificar un golpe de Estado, e imputada por los delitos de instigación a la rebelión y contra el decoro militar.
En el documento también denuncian que Palacios, que se encuentra recluida desde enero de este año en la sede de la Policía Municipal de Naguanagua, en Carabobo, ha sido víctima de torturas y maltratos psicológicos por parte de funcionarios policiales.
La activista social, madre de tres hijos menores de edad, padece síntomas de escabiosis, dolores de muela, daños en la garganta y hasta la fecha no ha sido atendida por un médico, denunció su defensa. Ella es la primera mujer procesada por los delitos tipificados en la Ley contra el odio. Le imputan los delitos de detentación de sustancias incendiarias y artefactos explosivos, instigación pública prevista, obstaculización de la vía pública e instigación al odio.
Se conoció que en el lugar donde Palacios se encuentra recluida fue esposada a un pupitre y que por cuatro horas la bañaron de agua constantemente. Sus abogados solicitaron ante el tribunal que lleva la causa, arresto domiciliario y una evaluación física y mental para la mujer de 41 años de edad.
“Ha sido una denuncia recurrente de familiares y abogadas de presas políticas la falta de atención médica adecuada, los malos tratos recibidos y las violaciones de sus derechos humanos”, expresa el informe.
González manifestó que las mujeres “detenidas arbitrariamente” no cuentan con las instalaciones de reclusión adecuadas. “Las mujeres detenidas son más vulnerables a la tortura, malos tratos y a la violencia de género, todas violaciones de derechos humanos. Por el hecho de ser mujeres tienen necesidades específicas y el Estado no tiene la capacidad ni la voluntad de resolver”, agregó.