La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la Oficina de Libertad Condicional, órgano adscrito al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, exigieron al tribunal sentenciar a cadena perpetua a los dos sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, acusados de conspirar para traficar 800 kilos de cocaína desde Venezuela a los Estados Unidos.
En los informes el gobierno de los Estados Unidos argumenta que los acusados cometieron el delito de conspiración para traficar narcóticos, para lo cual cometieron una serie de faltas a la ley que en su totalidad se convierten en una base para que sean condenados a permanecer en la cárcel de por vida.
La defensa considera que una sentencia de cadena perpetua “es desproporcionadamente grande para castigar la conducta ofensiva real de los demandados que el gobierno logró probar durante el juicio que concluyó con un veredicto de culpabilidad el 18 de noviembre de 2016”.
Los acusados recibirán sentencia el 12 y 13 de septiembre de 2017, según lo estipulado por el calendario procesal de la corte federal de Manhattan.
La fiscalía de Distrito, encabezada por Joon H. Kim, presentó un informe previo a la sentencia donde enumera una serie de elementos que destacan la conducta delictiva de los sobrinos del presidente de Venezuela. Estos son:
- Conspirar para traficar y distribuir una cantidad superior a los 450 kilos de cocaína hacia los Estados Unidos
- Actuaron como cabecillas de una organización criminal
- Usaron la violencia
- Obstaculizaron la justicia
- Perjurio
- Involucrados en la muerte de un sujeto
- Pretendieron sobornar a la autoridad para cometer el delito, lo cual incrementa los años que los acusados deberían pasar en prisión.
En los Estados Unidos, antes de que un convicto sea sentenciado, la parte acusadora (en este caso la fiscalía de distrito) realiza un Informe Previo a la Sentencia (conocido como PSR por sus siglas en inglés), donde se presenta una descripción de la conducta del delito y la Oficina de Libertad Condicional presenta otro informe con las conclusiones del proceso. En el caso de los primos Flores, los dos entes concluyen que por la gravedad de los delitos imputados, los acusados deben recibir prisión de por vida.
Los abogados defensores de Campo Flores y Flores de Freitas sostuvieron en un memorando entregado a la corte que la descripción de la “Conducta del Delito” debería tener poco peso para la decisión del juez de la causa, Paul Crotty, “ya que no representa un análisis objetivo del expediente del juicio”.
Los abogados de la defensa critican que la sección sobre la conducta del delito es casi idéntica para cada acusado y que la misma va mucho más allá de describir la conspiración de importación de cocaína imputada en la acusación: señalan que incluye especulaciones infundadas y falsas acusaciones de asesinato, sobornos y otras actividades totalmente ajenas a las pruebas presentadas en el juicio.
Aseguran los defensores de los sobrinos del presidente Nicolás Maduro que “el gobierno orquestó una elaborada operación de picadura, pero solo incluyó participantes no violentos. No se incautaron drogas ni armas de fuego, no se cometieron actos de violencia en relación con el caso, y los acusados resultaron ser aficionados inexpertos y no grandes narcotraficantes”.
Los abogados de Campo Flores y Flores de Freitas afirman que “si algo quedó claro en el juicio fue que los informantes del gobierno eran traficantes de drogas con mucha más experiencia de la que alegaban tenían los acusados y que los informantes fueron quienes llevaron a cabo este caso de narcotráfico a lo largo de la investigación e -incluso- durante el juicio, por lo cual recibieron pagos de la DEA y sendos acuerdos de cooperación con los fiscales”
La defensa argumenta que en vez de aceptar la realidad del caso, la prueba y los demandados, el gobierno parece decidido a buscar la sentencia más alta posible, en contraposición a una sentencia razonable dentro de las circunstancias que amerita un proceso como este.
Acotan que ante la falta de los fundamentos fácticos que supone una acusación internacional de narcotráfico real y violenta, el gobierno parece tratar de disimular su caso “con alegaciones irrelevantes y extrañas que no tienen nada que ver con una conspiración de importación de drogas de este caso”.