La crisis política y humanitaria que atraviesa Venezuela ha acelerado la cantidad de venezolanos que huyen del país, incluidas personas que migran hacia Ecuador. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), cerca de 236.000 venezolanos ingresaron en Ecuador entre 2016 y septiembre de 2017. Aproximadamente tres cuartas partes de estas personas continuaron hacia el sur, dejando un saldo migratorio en el país de cerca de 62.000 personas. ACNUR también ha informado que Ecuador se ha convertido en un país tanto de destino como de tránsito para los ciudadanos venezolanos que se dirigen a Perú y Chile. El Ministerio del Interior de Ecuador ha informado que, en 2016, ingresaron al país 102.619 venezolanos y salieron 79.008.
Hasta septiembre de 2017, más de 1.500 ciudadanos venezolanos habían pedido asilo en Ecuador, y en agosto de 2017 se registró una cifra mensual récord de 222 solicitudes, afirmó ACNUR.
En teoría, los migrantes venezolanos que deseen vivir temporariamente en Ecuador pueden solicitar distintos permisos de residencia, como una visa especial para ciudadanos de los Estados Miembros de UNASUR prevista en la Ley Orgánica de Movilidad Humana, de febrero de 2017. Existen requisitos mínimos para solicitar este tipo de visa, la cual le permite a los ciudadanos venezolanos vivir y trabajar en Ecuador. Sin embargo, la Asociación Civil Venezolanos en el Ecuador, una organización fundada en 2015 que ayuda a migrantes de esa nacionalidad, indicó que en la mayoría de los casos el costo de los distintos permisos (que oscila entre USD 200 y USD 500) representa un obstáculo infranqueable, debido a la precaria situación económica de la mayoría de los migrantes venezolanos.
A continuación se describen algunos testimonios recabados por Human Rights Watch de venezolanos que huyeron de la crisis y viven o pasaron recientemente por Quito:
Petra Sofía Vásquez Rodríguez, de 30 años de edad, es una comunicadora social y diseñadora gráfica que trabajaba en Caracas como gerenta de una importante empresa de cines. Se fue de Venezuela en agosto de 2017 debido a la crisis y a la escasez de medicamentos que necesita para la discapacidad visual que padece. Vásquez manifestó que tiene visión en un solo ojo y muy limitada, por lo que necesita aplicarse gotas oftalmológicas diariamente. Desde 2015, se volvió cada vez más difícil encontrar las gotas y solamente podía usarlas en forma intermitente. Contó que estuvo más de seis meses sin usar las gotas porque no podía conseguirlas en Venezuela, antes de huir del país. En Ecuador, Vásquez trabaja en forma independiente manejando las redes sociales de empresas y personas. En Ecuador, ha conseguido y podido pagar las gotas oftalmológicas que necesita y tiene intención de mudarse a la Argentina tan pronto reúna el dinero para hacerlo.
Carlos Miguel Machado, de 23 años de edad, llegó a Ecuador a fines de 2016. Nacido en Valencia, estado Carabobo, y especializado en marketing, trabajó varios años para el equipo de responsabilidad social de una importante empresa de telecomunicaciones.
Machado contó a Human Rights Watch que se vio obligado a irse de Venezuela porque no podía conseguir los medicamentos que su esposa necesitaba luego de una cirugía tiroidea. Machado nos dijo: “Tenía que recorrer distancias, ir de farmacia en farmacia buscando el medicamento y no lo conseguía; y en el mercado negro cuesta muchísimo”. En un primer momento, se fue a Ecuador sólo por tres meses para “conseguir la medicina y algo de dinero”, y dejó a su esposa e hijos en Venezuela. Pero a medida que la situación en Venezuela se deterioraba rápidamente, decidieron que la familia entera viajara por tierra, cruzando Colombia, y se reuniera con él en Ecuador en 2017.
Machado explicó que, para pagar el viaje a Ecuador, vendió todas sus pertenencias en Venezuela, excepto su departamento, porque desea “regresar a [su] país, no [se] quier[e] desarraigar”. En Ecuador, él y su esposa han realizado trabajos informales, como vender empanadas en la calle. Cuando le preguntamos a su esposa, quien en Venezuela trabajaba como diseñadora gráfica, si había considerado volver a su país, contestó: “Todos los días pienso en regresar a Venezuela. Tengo la esperanza. Pero cuando nos ponemos a pensar en frío, ¿qué voy a hacer allá?”.
Mercedes Arvelo López (seudónimo), una docente de 51 años de edad, llegó a Quito en octubre de 2017 con su hija Rosalba (seudónimo), de 9 años. Arvelo contó a Human Rights Watch que su esposo había “desertado del chavismo” luego de trabajar años en temas de inteligencia para el gobierno venezolano durante las presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Desde entonces, recibieron amenazas anónimas, personas no identificadas siguieron y dispararon a su esposo y agentes de inteligencia se presentaron en su vivienda preguntando por él.
Cruzaron a pie la frontera con Colombia, con la intención de llegar a Perú. Pidieron asilo en Colombia, pero tras varios meses sin recibir respuesta, decidieron dirigirse a Ecuador, nuevamente a pie. En Ecuador, la familia también solicitó asilo, según documentos oficiales a los cuales tuvo acceso Human Rights Watch.
Arvelo ha recibido ayuda de Cáritas para alimentar a su hija, quien tuvo que dejar atrás su escuela, amistades y familiares. Solicitó ser reconocida como refugiada en Ecuador pero, luego de varios meses sin recibir una respuesta formal de las autoridades y temiendo ser deportada, se mudó con su hija a Perú, donde solicitaron “refugio humanitario”, dijo a Human Rights Watch.
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