«Mi vida cambió. Tengo una casa digna gracias a la revolución». Oswaldo Sánchez, cazador de votos del chavismo, presume de un televisor de 42 pulgadas en la sala de su apartamento en Caracas.

Devoto del fallecido ex presidente Hugo Chávez, cuyos ojos y firma dominan la fachada del edificio, Sánchez empuja la maquinaria del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en cada elección.

«Era impensable para un pobre vivir aquí», cuenta el hombre de 47 años en su vivienda de La California. Hace seis años habitaba un precario «ranchito» de cuatro metros cuadrados en Petare.

Está orgulloso de ser una pieza del engranaje electoral chavista, estrechamente ligado a los programas sociales, que la oposición llama «clientelismo puro». Aunque los principales partidos opositores se marginaron por «falta de garantías», no baja la guardia y está listo para movilizar a sus vecinos.

Debe garantizar que voten de 10 a 30 personas, y de paso acallar posibles denuncias de amaños como las que vertieron esas agrupaciones tras los comicios del 15 de octubre, en las que el oficialismo ganó 18 de las 23 gobernaciones. Para ello, el PSUV usa la base de datos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un sistema de distribución de alimentos subsidiados que según el gobierno beneficia a seis millones de familias.

También emplea el «Carnet de la patria», una tarjeta electrónica lanzada por Maduro como requisito para acceder a las «misiones sociales» y tramitada por 16 millones de venezolanos, según cifras oficiales.

«Nos tienen como ganado»

Música «revolucionaria» suena a todo volumen mientras cientos de personas hacen fila para registrarse. Según Sánchez, en la última semana hubo 30.000 inscripciones. Dentro del núcleo funciona un mercadillo con queso, jamón, salchichas y verduras a precios bajos, todo un privilegio en un país acosado por la hiperinflación y la escasez.

El carné, que los opositores consideran un «mecanismo de control social», es necesario para acceder a otros planes como el de distribución de medicinas, escasas en 85% según la Federación Farmacéutica.

«Nos tienen como ganado», se queja Dilia de Camacaro, de 70 años, en fila el último día de prórroga para los trámites. Teme que se convierta en requisito obligatorio para «muchas otras cosas».

«Con este aparato clientelar, las elecciones han perdido carácter democrático pleno y son manipuladas. Es una revolución censitaria», explica el politólogo Luis Salamanca, aludiendo a un sistema de voto restringido que adoptaron algunos países en el siglo XIX.

Satanización del carnet

Sánchez acusa a la oposición de «satanizar el Carnet de la patria», aunque reconoce que se usa como «medición a boca de urna». Maduro, que buscará la reelección en 2018, pide a los carnetizados chequear su voto en los «Puntos Rojos», unos toldos del PSUV situados a unos 200 metros de los centros electorales: «Sabemos cuáles y cuántos carnetizados votaron gracias al código QR».

«En ese dispositivo está lo que usted hace», advirtió el poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello, quien antes de unos comicios suele amenazar con despidos a empleados públicos «escuálidos» (opositores). Maduro logra «que sus votantes vayan a las urnas sobre sus propios estómagos hambrientos», declaró Jesús Torrealba, ex secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Un trabajador con el salario mínimo gana 456.547 bolívares (153 dólares a tasa oficial y 4,9 en el mercado negro). Un kilo de carne promedia 150.000 bolívares. Según un estudio de las principales universidades del país, la pobreza alcanzó 30,2% y la pobreza extrema 51,5% en 2016. El gobierno las ubica en 18,3% y 4,4%.

También hay denuncias de ventajismo por el uso de medios de comunicación estatales y empresas como Petróleos de Venezuela S.A, con fines electorales. Sánchez admite «muchísimas fallas» en la revolución, pero la defiende porque le dio «libertad de conciencia», una casa, estudios universitarios para sus hijos y «sin falta» le llega su caja de comida cada mes.


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