La estrategia del gobierno de tomar los medios de producción privados se sustenta en organizaciones sindicales afectas, que crean las condiciones para asfixiar económica y operacionalmente desde adentro a las empresas, aseguraron fuentes del sector sindical que solicitaron no mencionar sus nombres.
“Kellog’s, Kimberly Clark y Agropatria son algunos ejemplos de esta política en la que los trabajadores son los más perjudicados”, expresó un sindicalista.
“Los oficialistas no son trabajadores sino miembros de bandas delictivas que empiezan cobrando vacunas a los empresarios hasta culminar en la directiva del sindicato”, añadió.
Otra fuente alertó que al gobierno se le está escapando de las manos la situación. “Esa gente solo se mueve por dinero con el agravante de que la toma de las empresas acaba con los empleos y empeora la escasez de alimentos y otros bienes de consumo, y la hiperinflación”, dijo.
Fanny Maglione, representante del Observatorio de los Derechos de Propiedad del Centro de Divulgación y Conocimiento Económico, recordó que en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro han sido ocupadas 600 empresas que terminan en la ruina por las malas prácticas gerenciales y el manejo con una visión exclusivamente ideológica.
“Los excesivos controles gubernamentales y la falta de divisas, monopolizadas también por el gobierno, ahogan a los empresarios que no pueden producir a pérdida y sin insumos ni materia primas importados. Esto los lleva a cerrar las operaciones”, destacó la investigadora.
A mediados de 2016, el Ejecutivo ocupó la planta de Kimberly Clark en Maracay, estado Aragua, y prometió que pondría en operación a finales de ese año las 11 líneas de producción, lo cual todavía no se ha logrado porque en el mercado nacional no hay toallas sanitarias, papel higiénico, ni los pañales Cacique elaborados por esa fábrica.
“Este y otros ensayos fallidos del gobierno ponen en entredicho la reactivación de Kellog’s, y los trabajadores lo saben. La persecución oficial contra el sector privado es por temporada: al inicio de las clases le toca a los colegios, en Navidad a los comercios, en elecciones a las empresas”, enumeró Maglione.
Deploró la práctica oficial de obligar a las empresas a entregar 60% de la producción de alimentos y artículos de aseo personal y limpieza del hogar a los programas gubernamentales como los Comités Locales de Abastecimiento y Producción.
Los estudios del Observatorio del Cedice señalan que las zonas industriales parecen cementerios de empresas cerradas o que operan al mínimo como resultado de las políticas gubernamentales desde hace casi 20 años, caracterizados por la violación sistemática de las libertades económicas y del derecho a la propiedad.
Fuerzas militares. Marcela Máspero, coordinadora de la Unión Nacional de Trabajadores, se refirió a la presencia en las fábricas de las fuerzas militares y policiales, con el fin de amedrentar a los empresarios, gerentes, trabajadores y a la dirigencia sindical no oficialista.
Resaltó que las expropiaciones, estatizaciones y ocupaciones de empresas han sido un fracaso por “la corrupción” de las juntas administradoras designadas para manejar las factorías. “En Sidor los trabajadores acompañaron la nacionalización, pero fueron traicionados y terminaron con retrocesos en la contratación colectiva, el salario y otros derechos laborales”.
Una consecuencia muy grave de las estatizaciones y el cerco gubernamental a las empresas privadas es la caída de la producción debido a la pérdida de los empleos formales, directos e indirectos, añadió. “Con la mala política económica se han perdido 4.750.000 puestos en el sector público y privado en la gestión de Nicolás Maduro”, sostuvo Máspero.