Según el Observatorio de la Diáspora Venezolana de la Universidad Central de Venezuela, un aproximado de 3 millones de venezolanos han emigrado como resultado de la crisis. Los datos de la encuesta de Consultores 21 pone el dato en 4 millones. Es casi como si la población de mi ciudad natal, Maracaibo, hubiese emigrado dos veces. Sean 3 o 4 millones, lo cierto es que comenzando en 2015 pero mucho más fuertemente a partir de 2017, el número de venezolanos que se han visto forzados a migrar en busca de mejores condiciones de vida ha crecido exponencialmente. Más aún, según estimaciones de la UCV y de otras agencias multilaterales, si la crisis económica, humanitaria y social permanece igual (es decir, no empeora), las proyecciones sobre el número de venezolanos que saldrán del país en 2018 podrían alcanzar alrededor de 1,5 millones más.
Este crecimiento en el desplazamiento forzado de venezolanos está teniendo consecuencias para los países de la región que están absorbiendo estos flujos. Además de Colombia, nuestro país vecino Brasil se ha visto fuertemente afectado por el flujo de compatriotas, especialmente en las ciudades fronterizas de Boa Vista y Pacaraima.
Son miles de venezolanos los que han entrado en los últimos meses a Brasil en busca del Permiso de Migración Temporal (de 2 años de duración) o para adherirse al estatus de refugiados, según la Ley Migratoria de este país, de las más progresistas de la región. Tal como constatamos en una reciente visita a la frontera, cientos de estos migrantes y refugiados son de la etnia warao, muchos son niños en situación de aun mayor vulnerabilidad. Estos compatriotas están llegando a Brasil con altos niveles de desnutrición, y portando enfermedades prevenibles y supuestamente erradicadas, tales como el sarampión, la tosferina, la tuberculosis. Llegan también con enfermedades tratables que por falta de medicamentos están ya en estado crónico, incluyendo el VIH. El gobierno de Brasil ha dispuesto recursos materiales y humanos para atender a los miles de venezolanos que se encuentran en cuatro albergues que administran en cooperación con Acnur y otras organizaciones nacionales e internacionales, pero es muy probable que los flujos sigan en aumento.
Los países de acogida se enfrentan a una serie de retos tales como el otorgar protección internacional, brindarles abrigo y asistencia humanitaria (vivienda, alimentación, servicios de salud, empleo), protegerlos de la discriminación, rechazo y xenofobia, y de crímenes como la violencia y explotación sexual, la trata y tráfico de personas, entre otros. Para orientar a los países en el tratamiento de este flujo de venezolanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó el pasado 2 de marzo, en su último período de sesiones celebrado en Bogotá, Colombia, la Resolución 2/18 que brinda 15 recomendaciones para orientar la atención de los migrantes y refugiados venezolanos en los países de destino. El objetivo es brindar pautas para asegurar el enfoque de derechos humanos en el abordaje de la situación de la migración y necesidades de protección internacional de personas venezolanas, para el ejercicio del derecho de buscar y recibir asilo, así como para prestar y facilitar asistencia humanitaria y medidas de integración y resiliencia de personas venezolanas.
La situación ya tiene nivel de crisis humanitaria. Por tanto, el canal humanitario a Venezuela que permita la entrada de medicamentos y alimentos para aliviar tantas necesidades debe abrirse ya, y así evitar que se agrave la crisis de migrantes y refugiados venezolanos que estamos presenciando.
Los puntos de vista son a título personal. No representan la posición de la OEA.
@BeticaMunozPogo