La ONU ha sido convertida en un «chivo expiatorio» por países que pretenden esconder sus errores políticos, así como en blanco de graves ataques que afectan su trabajo de salvar vidas, promover el desarrollo y preservar la paz, afirmó este lunes el alto comisionado para los derechos humanos Volker Türk.
Con estas reflexiones, Türk inauguró en Ginebra la 55º sesión del Consejo de Derechos Humanos, el único órgano intergubernamental del mundo dedicado a los derechos humanos y que en las próximas semanas tiene en su agenda tratar la lista más larga de países en conflicto político o militar de su historia.
En esa lista están países en pleno conflicto armado, como Sudán, Ucrania, Birmania o el territorio palestino de Gaza, pero también incluye a otros que sufren conflictos intermitentes, como Etiopía, Siria, Yemen o Mali; o graves crisis políticas y de derechos humanos, entre los que se puede citar a Nicaragua, Afganistán, Irán, Sudán del Sur, Bielorrusia, Rusia o Venezuela.
«Propaganda manipuladora»
Türk sostuvo que en este mundo en crisis profunda se intenta atacar la legitimidad y el trabajo de Naciones Unidas y otras instituciones humanitarias, para lo cual se utiliza la desinformación como principal instrumento.
«La ONU se ha convertido en un pararrayos para la propaganda manipuladora y en el chivo expiatorio de los fracasos políticos», denunció.
De los ataques que sufre desde distintos frentes, el más grave es el que Israel ha lanzado contra la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, a la que acusa de tener lazos con el grupo islamista Hamás, por lo que instó a los países occidentales a que le recorten la financiación a esta agencia.
Del trabajo de la agencia depende la vida de millones de personas, en particular en estos momentos en que la ofensiva militar de Israel ha devastado Gaza, donde se encuentran 2,2 millones de palestinos.
Expulsados de Venezuela
Por otro lado, el gobierno de Venezuela expulsó recientemente a las 13 personas que formaban el equipo de derechos humanos de la ONU en Caracas, tras acusar a la organización de tener una «postura sesgada» en favor de supuestos grupos golpistas y terroristas.
Estas acusaciones surgieron poco después de que la Oficina de Türk dijera que la detención de la activista Rocío San Miguel, cuyo paradero se desconocía, podía constituir un delito de desaparición forzada.
Muy poco después, un experto de la ONU en alimentación de visita en Venezuela criticó el programa de distribución de alimentos por su trasfondo clientelista, lo que suscitó la reacción del gobierno.