La región colombiana del Catatumbo sigue siendo una «zona de guerra» pese a la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y ahora muchas de sus víctimas son venezolanos que han llegado hasta allí huyendo de la crisis de su país, denunció este jueves la ONG Human Rights Watch.
La organización alertó que en esa zona, ubicada en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, sigue la situación propia del conflicto armado porque hay «falta de control pleno y efectivo» por parte del gobierno en algunas áreas que antes dominaban las FARC.
Según el informe La guerra en el Catatumbo: abusos de grupos armados contra civiles colombianos y venezolanos en el noreste de Colombia, operan ex miembros del Frente 33 de las FARC, la guerrilla Ejército de Liberación Nacional y un reducto del Ejército Popular de Liberación, considerado por el gobierno como una banda de narcotraficantes.
«Esa guerra tiene como presas de la guerra a la población civil del Catatumbo, campesinos pobres que no han conocido al Estado colombiano durante décadas y que están expuestos a abusos gravísimos cometidos por estos grupos armados», afirmó el director ejecutivo para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, en una rueda de prensa en Bogotá.
Entre los más afectados por esta situación están los cerca de 25.000 venezolanos que vivían allá hasta abril pasado, según cifras de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, que fueron citadas en el informe.
Según constató en el terreno la misma ONG HRW, los venezolanos que están radicados en el Catatumbo son víctimas de delitos como el reclutamiento de menores, los homicidios y los desplazamientos forzosos.
«Las violaciones que se han cometido en el Catatumbo incluyen asesinatos, desapariciones, violencia sexual (…) reclutamiento de menores, desplazamientos, uso de minas antipersonales y también secuestros», añadió Vivanco.
Muchos de los venezolanos que han llegado a la región viven en una situación precaria, ya que duermen «en las calles o en edificios en condiciones de hacinamiento, a veces sin electricidad ni agua potable», indicó el informe.
Sin embargo, añadió Vivanco, muchos han encontrado en el Catatumbo «una posibilidad de comer» y de «sobrevivir» que no tenían en su país.
«Las mujeres, muchas de ellas están en actividades de prostitución, por dos dólares se prostituyen. Los niños venezolanos están raspando coca; entrevistamos y conocimos casos de niños de entre 8 y 14 años que se levantan a las 4.00 de la mañana a raspar coca. Eso, si tienen suerte, porque la alternativa es que sean capturados y reclutados por el ELN, el EPL o el Frente 33 de las FARC», explicó.
Las cifras de homicidios se duplicaron en esa zona de Colombia -conformada por los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú-, pues pasaron de 112 casos en 2015 a 231 en 2018.
De esos casos, la organización analizó ocho y concluyó que «presuntos miembros de grupos armados mataron a civiles tras acusarlos de cooperar con otros grupos o con la fuerza pública colombiana, o por negarse a sumarse a sus filas», una forma de control territorial frecuente en las zonas de conflicto en Colombia.
En la región, los grupos criminales también han utilizado minas antipersonales en las zonas rurales y desde 2017, cuatro personas murieron y 65 más resultaron heridas tras pisar uno de estos explosivos.