El ambiente es alegre. Sonrisas acogedoras, una sensación de seguridad, carros y colores componen el Desfile del Orgullo. En cabeza, un carro particularmente ruidoso atrae el baile gozoso de los participantes miembros de la comunidad LGBTIQ+, la bandera venezolana colocada en lo alto encima de ellos. Esta escena, vista en Quito, se repitió en el desfile del orgullo de Medellín y Madrid, donde los venezolanos LGBTIQ+ trajeron su alegría de vida, fiesta y baile. De todas las comunidades gay y trans de Europa y Latinoamérica, los migrantes venezolanos son los más orgullosos. Al verlos, cualquiera persona se preguntaría por qué están allí, protagonistas del desfile de Bogotá y no de Caracas.
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No es fuera de lo común hablar de migrantes venezolanos, pero este fenómeno se repite con más frecuencia en el caso de migrantes LGBTIQ+. Esta situación se ilustra bien por el caso de Daniel Arzola, artista venezolano y representante de la organización Venezuela Diversa. Su serie Yo No Soy Tu Chiste es parte del trabajo del grupo en defensa de los derechos de los homosexuales en el país. Se volvió viral, y siguió denunciando al gobierno por la discriminación sufrida por su comunidad. Arzola recibió frecuentes amenazas, obligándolo a abandonar el país. Ahora en Chile, representa a muchos de su patria que salieron en busca de mejor protección de la ley.
Derechos de la comunidad LGBTIQ+
En el mundo de comunicación y redes sociales en que vivimos, los jóvenes marginados pueden ver que en Colombia y en Brasil hay matrimonio igualitario y hay protección para las personas trans. La verdad es que Venezuela es uno de los peores países para los derechos LGBTIQ+ en toda Latinoamérica. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró protegido el derecho al cambio de nombre y la rectificación de documentos de identidad para ajustarse a la identidad de género. Además, la Corte sostuvo que los estados deben extender todos los mecanismos legales existentes, incluido el matrimonio, a las parejas del mismo sexo. Hugo Chávez retiró a Venezuela de la unión para que este precedente no los incluyera. Sin embargo, es grave que todos los demás países de Sudamérica aparte de Guyana, Paraguay y Venezuela cumplen colectivamente con estos derechos. La mayoría de estos países han legalizado la adopción por parejas del mismo sexo, y tienen leyes de protección por la expresión de género, por ejemplo dejando libre una cuota de los trabajos de funcionarios estatales para argentinos trans.
Venezuela podría quedarse atrás respecto a otros países debido a la influencia de los militares y la Iglesia en el gobierno, dos sectores tradicionalmente conservadores. Pero cuando el resto de la región se basa en valores similares, ¿por qué no progresar como han hecho los demás? La respuesta podría ser la crisis: en momentos de dificultad, la gente se refugia en la religión. Por lo tanto, Perú y Bolivia podrían ser católicos, pero los católicos más fervientes son los golpeados por el caos. Después de una gran marcha del Orgullo Gay en Caracas en julio, donde participaron más de 30.000 personas, las contra-protestas de las iglesias evangélicas y otros grupos recibieron el apoyo del gobierno por su defensa de lo que llaman el diseño original de Dios para la familia. Esto no se hizo en Chile o Ecuador.
Este es el rechazo menos significativo que enfrentan las comunidades LGBTIQ+ en Venezuela: el grupo Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI) reportó 192 asesinatos de personas LGBTIQ+ entre 2009 y mayo de 2017. Esto podría ser gravemente subestimado como «falta de investigación y rendición de cuentas por violencia de género, incluida la violencia doméstica o de pareja íntima, violencia sexual, violencia en el lugar de trabajo”, como detalla la embajada de Estados Unidos.
No obstante, ha habido avances prometedoras impulsadas por activistas LGBTIQ+, como la reciente decisión judicial histórica de permitir las relaciones entre personas del mismo sexo en el ejército. La elección de Tamara Adrián a la Asamblea Nacional en el 2015 fue el primer caso de un transgénero elegido por un cargo público en Venezuela. Al menos existen ahora algunas formas de protección legal contra la discriminación en el ámbito laboral, arrendatario y bancario, por ejemplo los artículos 5 y 14 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda. Esto significa que un posible inquilino no sería discriminado por su sexualidad pero, como siempre, hay una divergencia entre la ley y su aplicación práctica. A menudo la difusión de una mentalidad conservadora provoca que a los inquilinos que revelan su homosexualidad se les nieguen contratos.
Nuevas leyes también, como el artículo 146 de la Ley Orgánica de Registro Civil para poder cambiar nombre para que concuerde con la que se identifica, encuentran problemas para aplicarse en el día a día. Hay una falta de voluntad para ayudar a estos grupos vistos como extraterrestres, como los empleados del Estado que insisten en desconocer la diferencia entre género y sexo. Por demás, Venezuela ha recorrido un largo camino en la última década pero, si realmente le importa revertir la gran tendencia de migración que está destrozando su mano de obra especializada, aún queda mucho por hacer.
Por Gaia Neiman (*)
(*) Especial desde Colombia para El Nacional.