Human Rights Watch denunció las condiciones precarias en las que se encuentran miles de venezolanos que viven en el Catatumbo, en la frontera entre Colombia y Venezuela, donde han sufrido desplazamiento forzado, homicidio y reclutamiento infantil por parte de grupos armados. “Algunos han desaparecido y algunas mujeres y niñas han sido víctimas de violencia sexual”, señaló.
En el informe La guerra en el Catatumbo, abusos de grupos armados contra civiles colombianos y venezolanos en el noreste de Colombia, divulgado a la medianoche del miércoles, la organización no gubernamental indicó que “muchos venezolanos desesperados, y a menudo indocumentados, que cruzan la frontera a Colombia en busca de alimentos, medicinas y trabajo están expuestos a los abusos que ocurren en el contexto del conflicto armado que persiste en Colombia”.
Detalló que al menos 25.000 venezolanos viven en el Catatumbo, departamento del Norte de Santander, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, en todas las áreas urbanas más importantes: Tibú, Ocaña, El Tarra, Ábrego, Convención y Sardinata: “En estas áreas, muchas personas, entre ellas mujeres, niños y niñas, viven en condiciones precarias. Algunas duermen en las calles o en edificios en condiciones de hacinamiento, a veces sin electricidad ni agua potable”.
Human Rights Watch advirtió que es difícil medir la magnitud de los abusos sufridos por los venezolanos afectados por el conflicto armado en el Catatumbo, “debido a que muchos desconocen los procedimientos para reportar lo ocurrido o temen ser deportados si presentan denuncian ante autoridades colombianas” y a que en la práctica, “los venezolanos han tenido un acceso limitado a los servicios de asistencia del gobierno colombiano para las víctimas del conflicto armado”.
Especificó que “muchos casos nunca se denuncian por temor a represalias” y que “las víctimas de violencia sexual y los exiliados venezolanos enfrentan barreras específicas para denunciar los abusos que sufren”.
La ONG aseguró que hay niñas venezolanas de entre 12 y 15 años de edad que participan en relaciones en las que se intercambia sexo por 5.000 pesos colombianos, lo que equivale a menos de dos dólares.
Control de grupos armados
Human Rights Watch señaló que los grupos armados han cometido numerosos abusos contra civiles, incluidos asesinatos, desapariciones, violencia sexual, reclutamiento infantil y desplazamiento forzado. “También han plantado minas antipersonales e intentado controlar a la población por medio de amenazas, incluso contra líderes comunitarios y defensores de derechos humanos. Algunos de ellos han sido asesinados”, expresó.
“En el Catatumbo, en el noreste de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional y el Ejército Popular de Liberación están enfrentados desde principios de 2018 en una lucha brutal por el territorio. También operan en la zona ex miembros de las FARC que formaron un nuevo grupo armado”, subrayó.
La ONG aseguró que la respuesta de las autoridades colombianas a la situación del Catatumbo “no cumple con las obligaciones internacionales de proteger y reivindicar los derechos de los civiles que son víctimas del conflicto entre grupos armados o sufren graves abusos por parte de estos”.
Las cifras gubernamentales indican que más de 40.000 personas han sido desplazadas de sus hogares desde 2017, la mayoría durante 2018; que las actividades de los grupos armados han contribuido al aumento de las tasas de homicidio; que los grupos armados han estado involucrados en secuestros y desapariciones y que esos grupos también cometen violaciones sexuales y otros actos de violencia sexual.
El informe se basa en una investigación realizada en Catatumbo en abril de 2019. Se entrevistó a víctimas de abusos, sus familiares, líderes sociales, representantes eclesiásticos, autoridades locales y miembros de organizaciones humanitarias. Algunas entrevistas se hicieron en Cúcuta y otras telefónicamente.
Para tomar en cuenta
Human Rights Watch recomendó llevar a cabo una evaluación exhaustiva para determinar la cantidad total de venezolanos que viven en el Catatumbo y sus necesidades y asegurar que todos los venezolanos tengan estatus legal en Colombia para que puedan trabajar legalmente, incluso en partes más seguras de Colombia, y no teman ser deportados si denuncian abusos.
Asimismo pidió proteger de manera efectiva a los líderes sociales del Catatumbo, asegurar la implementación de una estrategia eficaz por parte de la fuerza pública para proteger a los residentes de los grupos armados; priorizar el diseño e implementación de un plan para prevenir el reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados; asegurar que las agencias gubernamentales lleven adelante una respuesta rápida, suficiente y coordinada para abordar los riesgos de violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos; y buscar mayor asistencia humanitaria internacional para atender las necesidades de la población civil.