Colombia celebró el jueves el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que impide a Nicaragua extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas que delimitan su frontera marítima con el país andino, una decisión que cierra un litigio de décadas.
El tribunal internacional con sede en La Haya rechazó que el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina esté dentro de los límites de la frontera marítima de Nicaragua y confirmó los límites que ya fijó en noviembre de 2012, cuando otorgó la soberanía de esas islas a Colombia pero le obligó a ceder casi 75.000 kilómetros cuadrados del mar Caribe al país centroamericano.
El presidente Gustavo Petro calificó lo ocurrido como una gran victoria para su país y dijo que «la CIJ no accedió a las pretensiones de Nicaragua sobre expandir su plataforma continental».
Entre tanto, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo que su país reconoció como firme, definitivo y de obligatorio cumplimiento el fallo y agregó que esa nación desea hacer notar que siempre acudió al más alto tribunal de justicia, lo que es una demostración palpable del compromiso con los mandatos de la Corte.
«Nicaragua espera que Colombia reconozca el valor y la eficacia de todas las sentencias de la Corte, y en particular la sentencia dictada en 2012«, añadió Murillo.
Tras esa sentencia, dictada hace 11 años, Managua consideró que existe una prolongación natural del continente que se extiende más allá de sus 200 millas marítimas y en 2013 presentó otra demanda pidiendo al tribunal internacional que se la reconociera, pese que el territorio que reclamaba se solapaba con la zona de exclusión de Colombia.
Durante el juicio, los abogados de Colombia rechazaron la solicitud del país centroamericano, alegando que Bogotá no ha firmado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que reconoce las plataformas continentales.
Un argumento que Nicaragua rebatió aduciendo que el derecho consuetudinario -que se basa en las costumbres de la práctica internacional- también se puede emplear para delimitar los límites territoriales en el mar.
Trabajo de tres gobiernos
El triunfo de Colombia en La Haya es una consecuencia directa del trabajo que hicieron los gobiernos de Juan Manuel Santos (2010-2018), Iván Duque (2018-2022) y Petro, cuyo mandato comenzó el año pasado.
El canciller colombiano, Álvaro Leyva, consideró que se logró «mantener intacta la soberanía ante un país vecino y se abren las puertas para defender las cuencas del caribe, algo que debe convocar la unidad nacional dejando de lado las inútiles confrontaciones».
En esa línea, el expresidente Santos y María Ángela Holguín, quien fue canciller durante su Gobierno, afirmaron que se cierra así un largo capítulo de la historia reciente de Colombia, aquel de los litigios ante la CIJ.
«Fueron diez años de litigio que sumados a los otros once del primer proceso de Nicaragua contra Colombia por la soberanía territorial y delimitación marítima, concluyen más de dos décadas de pleitos judiciales entre los dos países», añadieron Santos y Holguín.
El también expresidente Iván Duque (2018-2022) celebró el fallo y dijo que «hoy ganó Colombia, pero la postura de la inaplicabilidad del fallo de 2012 debe mantenerse».
«Colombia ha defendido su soberanía a pesar de haberse retirado de la competencia de la CIJ, luego de su injusto fallo de 2012», añadió Duque.
Críticas al gobierno de Daniel Ortega
El agente de Nicaragua ante la CIJ, Carlos Argüello, dijo que su país ha salido bien en la disputa con Colombia, pese al fallo negativo, porque ha quedado reafirmado el derecho otorgado por la sentencia de 2012.
El equipo jurídico de su país, dijo, hizo un excelente papel, por lo que no tienen porqué sentirse mal.
«De ninguna manera, este es un caso diferente que nunca se había presentado ante la Corte, un caso que fue manejado diferente a todos los casos anteriores», indicó.
Sin embargo, la oposición no ha dudado en criticar al gobierno y el político Félix Maradiaga, quien fue excarcelado y expulsado hacia Estados Unidos por las autoridades nicaragüenses el pasado 9 de febrero junto a otras 221 personas, a quienes también despojaron de su nacionalidad, responsabilizó al gobierno de Daniel Ortega del revés judicial sufrido hoy.
«La tiranía de Daniel Ortega ha perjudicado los intereses soberanos de los nicaragüenses y se percibe como un riesgo para la seguridad hemisférica», señaló.
El también dirigente opositor desnacionalizado Juan Sebastián Chamorro opinó que «el fracaso de esta última demanda de Nicaragua ante Colombia refleja la pobreza de la política exterior de la dictadura».
La sentencia proferida este jueves por la CIJ es vinculante pero su aplicación depende única y exclusivamente de la buena voluntad de los Estados.