Cuatro lecciones del juicio político a Donald Trump
Foto archivo

El abogado personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Jay Sekulow, intervino este miércoles en la Corte Penal Internacional,  para pedirle al tribunal que deseche la solicitud de la Fiscalía de abrir una investigación por crímenes de guerra en Afganistán.

“La Fiscalía del tribunal de La Haya continúa presionando contra el personal militar de Estados Unidos; el país no tiene la oportunidad de que se consideren sus legítimas objeciones jurídicas”, dijo Sekulov, que participó en la vista oral como experto en derecho internacional.

Washington nunca ratificó el Estatuto de Roma, carta fundacional de la CPI, por lo que ningún estadounidense debería ser juzgado en La Haya, argumentó el abogado de Trump.

Asimismo, mencionó la existencia de tratados entre Estados Unidos y Afganistán que otorgarían al primer país la jurisdicción exclusiva sobre su personal. Aseguró que se puede demostrar que Washington es capaz y está dispuesto a investigar y procesar sus propios casos.

La Fiscalía considera que el tribunal internacional tiene jurisdicción para permitir las pesquisas; Afganistán es un Estado parte del Estatuto de Roma.

El abogado de Trump intervino ante un panel de cinco jueces de la CPI que admitió a trámite un recurso de la Fiscalía, la cual ha pedido a la corte que reconsidere la decisión que se tomó en abril de no abrir una investigación en Afganistán.

Expertos en derecho internacional

Otros expertos en derecho internacional participaron en la misma vista oral que Sekulow para reclamar a los magistrados que permitan a la Fiscalía comenzar las pesquisas.

El abogado Fergal Gaynor señaló que la vista oral de este miércoles es extremadamente importante para sus clientes.

“Ha sido un viaje muy largo para las víctimas, pero hoy es un día histórico para la rendición de cuentas en Afganistán”, expresó. De acuerdo con Gaynor, cumplen los requisitos necesarios para que el tribunal de La Haya permita a la Fiscalía empezar la investigación.

En abril, la CPI rechazó comenzarla porque “es extremadamente difícil evaluar las perspectivas de asegurar la cooperación significativa de las autoridades pertinentes para el futuro con respecto a las investigaciones o a la entrega de sospechosos”, indicaron los jueces en referencia a Estados Unidos.


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