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Destacó que al DGCIM se le atribuye la mayoría de las declaraciones de torturas | @caslainstitute

Tamara Suju, abogada y directora de Casla Institute, presentó este jueves ante la OEA el informe anual sobre los patrones de tortura del 2019.

El documento se titula «Tortura sistemática en Venezuela  2019 y la participación de cubanos en los patrones de tortura».

«Los métodos de tortura más aberrantes se ejercieron contra aquellos que mostraban mayor resistencia. Además de aquellos contra los que el régimen exige obediencia por su profesión o afinidad política y se rebelaron», afirmó Suju.

Aseveró que también arreciaron contra las personas consideradas sospechosas de traición.

Tortura clandestina con huella pública

La defensora de los derechos humanos reprodujo un video de Waleska Pérez, esposa del asesinado capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.

Pérez describió las irregularidades del proceso de su marido, quien fue torturado y finalmente asesinado por el régimen.

Destacó cómo hay una clara determinación por parte de los torturadores de dejar huellas físicas y psicológicas a manera de aleccionamiento público.

«Esto sucede porque existe la intención de mostrar a la sociedad civil la capacidad que tienen para perpetrar estos crímenes con total impunidad, sin un sistema de justicia imparcial que ordene investigaciones sobre las tortura denunciadas por las propias víctimas o sus familiares», explicó.

El psicoterror

Suju aseveró que la impunidad genera un aumento del crimen y el consecuente terror de la sociedad civil y de los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a sufrirlo.

Todas las víctimas han sido torturadas en los centros de retención o en zonas militares.

Este año, 53% de las víctimas han sido civiles y 47% militares.

Puntualizó que los patrones trazados han sido conscientemente planificados. Su ejecución ha sido vilmente autorizada y financiada desde el Ejecutivo.

Suju presentó el informe que registra el asesinato de 40 manifestantes y 83 víctimas de tortura, 41 de ellas por violencia sexual, 1 víctima de desaparición forzada, 4 ejecuciones extrajudiciales de manifestantes y el desplazamiento forzado por los menos de 1.200 indígenas.

Además, identifica en el documento dos cadenas de mando. Los actuantes desde las celdas de tortura donde se encuentran los presos políticos y la cadena de mando para la represión del pueblo pemón.

«Queremos hacer referencia especial este año al organismo que representa la forma individual de la tortura: la Dgcim, dirigido por Iván Hernández Dala. A ellos se les atribuye 51% del total de los testimonios individuales recibidos», expresó Suju.

«El segundo lugar lo ocupa una operación en conjunto integrada por la Fuerza Armada, la Dgcim, el Sebin, la FAES, la policía regional del estado Bolívar, gobernadores, colectivos y la PNB», continuó la abogada.

Recordó que en el ataque a la etnia pemón hubo 9 asesinados, 51 heridos de bala, 60 detenidos, 36 torturados y más de 1.200 desplazados.

La defensora de derechos humanos informó que el Instituto Casla llevará a la Corte Penal Internacional este informe con denuncias sobre irregularidades en el Arco Minero, ataques a templos religiosos, gremios, estudiantes, entre otros.

Hitos de la represión y tortura

Precisó cuatro momentos como históricos en términos de represión y tortura este año.

1. Durante la juramentación de Juan Guaidó.

2. Los hechos del 22 y 23 de febrero con motivo de la entrada frustrada de la ayuda humanitaria.

3. Los hechos del 30 de abril.

4-. Las acusaciones de conspiración por parte del régimen contra el gobierno colombiano en agosto y septiembre.

 


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