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El director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, y el fiscal general  colombiano, Francisco Barbosa, en rueda de prensa este 7 de junio | Captura de pantalla El TIEMPO

Desde Cartagena, donde el 10 de mayo asesinaron al fiscal paraguayo Marcelo Pecci, el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, y el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, dieron nuevos detalles de las investigaciones que permitieron la captura de cinco personas implicadas en el crimen.

Hacia el medio día de este martes, las autoridades ofrecieron una rueda de prensa, luego de la imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento de los cinco detenidos el viernes en Medellín.

Una de las primeras informaciones que dio Barbosa fue que las redes sociales fueron clave para llevar a cabo este asesinato. Esto teniendo en cuenta que las constantes publicaciones en redes sociales que hizo Pecci con su pareja -con quien estaba de luna de miel- fueron vistas por los asesinos.

Los presuntos sicarios incluso manifestaron que en algunos momentos estuvieron perdidos, pero hallaron al fiscal por sus redes.

«Aquí hay un tema fundamental: publicar en redes sociales sin responsabilidad puede convertirse en un arma letal. Los delincuentes manifestaron que en muchas ocasiones estuvieron perdidos, pero que gracias a las redes sociales lograron la ubicación del fiscal Pecci», aseveró Barbosa.

El fiscal agregó que reconstruyeron todo lo que sucedió en Cartagena como parte del asesinato del funcionario judicial paraguayo.

Barbosa contó que se realizaron estudios de 20 ubicaciones, de 200 elementos probatorios, análisis de 120 horas de video, información técnica de 40 antenas, la intercepción de 67 líneas telefónicas, 27 entrevistas y el análisis de 10 redes sociales.

Sicarios

«La recolección de los elementos materiales probatorios como videos de cámaras de seguridad, de celulares y declaraciones de testigos, nos permitió registrar los movimientos de estos delincuentes en tiempo real», explicó el fiscal general.

Los cinco presuntos implicados fueron capturados el viernes de la semana pasada en Medellín. Posteriormente los enviaron a Cartagena. Allí un juez lleva el caso por el asesinato de Pecci mientras estaba en una playa de Barú, en la capital de Bolívar.

Cuatro de los detenidos aceptaron los cargos que les imputó la Fiscalía. Sin embargo, Francisco Luis Correa, señalado como el determinador y financista del crimen, no los aceptó.

En las audiencias, además, se conoció que por el crimen del fiscal Pecci habrían pagado aproximadamente 500.000 dólares.

Se espera que los implicados sean trasladados a Bogotá, donde permanecerán en prisión mientras se desarrolla el juicio en su contra. Primero estarán en el búnker de la Fiscalía, mientras se encuentran cupos en las prisiones de la capital.

Investigaciones sobre el asesinato de Pecci

Barbosa también señaló que durante más de 22 días de investigaciones lograron resolver el crimen. Y que cada evidencia que encontraron fue ratificada por los implicados durante las audiencias que se realizaron en los últimos días en Cartagena.

Las autoridades indicaron que no se pagaron recompensas para dar resultados y aseguran que hubo estructuras investigativas «tan sólidas que los delincuentes, básicamente, cuando llegan a la audiencia de control de garantías lo que hacen es aceptar los cargos».

Lo que viene, dijo Barbosa, es identificar a los determinadores del crimen, para lo cual trabajarán con las autoridades paraguayas y «de una vez por todas resolver este caso, cuyo homenaje al fiscal Pecci es que lo resolvamos».

Los detenidos «tienen abierta la puerta» para que brinden elementos que permitan dar con el paradero de los autores intelectuales del homicidio.

El general Vargas, por su parte, dijo que el homicidio de Pecci iba a ser en Paraguay por una banda brasileña.

Sobre las bandas criminales a las que estarían ligadas los sicarios, la Fiscalía informó que aún no se pueden dar detalles, pues es información clave para dar con los responsables. Pero este grupo «tiene la capacidad de matar a cualquier persona en el territorio».

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