Un grupo de senadores de Estados Unidos presentaron este lunes un proyecto de ley para aumentar la presión política, económica y diplomática contra el gobierno de Nicolás Maduro, así como para proveer ayuda al pueblo y la inmigración venezolanos.
El proyecto de ley propone varias opciones de respuesta a la crisis venezolana, desde un aumento de las sanciones a determinados funcionarios del gobierno de Venezuela hasta dos provisiones de asistencia valoradas en un total de 40 millones de dólares.
La propuesta, titulada Ley de Ayuda Humanitaria, Reconstrucción y Estado de Derecho en Venezuela de 2018, se trata del proyecto legislativo más amplio de los abordados por el Congreso estadounidense para atajar la situación del país venezolano hasta ahora.
En cuanto a la ayuda humanitaria para el pueblo venezolano, la legislación autorizaría 20 millones de dólares en ayuda para la crisis interna del país, y otros 20 millones adicionales para los Estados vecinos, que se enfrentan a los desafíos del crecimiento de la migración venezolana.
También otorga 14,5 millones dólares para «apoyar a la sociedad civil democrática» y medio millón para la observación internacional de futuras elecciones democráticas.
El proyecto de ley requiere que el Departamento de Estado norteamericano realice una conferencia de donantes para coordinar la financiación internacional ante la crisis de Venezuela, y garantiza el apoyo impulsor a los esfuerzos en la Organización de las Naciones Unidas al respecto.
En cuanto al aumento de sanciones, apunta específicamente a aquellos funcionarios venezolanos que hayan incurrido en «corrupción pública» y en actos destinados a «socavar la democracia», de igual que forma que propone más castigos financieros a la deuda soberana del país.
La iniciativa exige el reconocimiento de EE UU a la Asamblea Nacional como el único cuerpo legislativo legítimo en Venezuela, y urge a buscar una solución negociada a pesar de la falta de voluntad del ejecutivo venezolano para comprometerse con un proceso de negociación creíble.
El proyecto plantea una mayor presencia internacional en los esfuerzos diplomáticos, además de apoyar los esfuerzos del Grupo Lima, integrado por 17 países de la región, y de respaldar los esfuerzos de la Organización de Estados Americanos para atajar la situación venezolana.
También exige la rendición de cuentas por crímenes de lesa humanidad y exige al Departamento de Estado que los documente, entre otras medidas.
La propuesta legislativa está liderada por el senador demócrata Bob Menendez, a quien se han sumado los también demócratas Bill Nelson, Dick Durbin y Ben Cardin, además de los republicanos Marco Rubio, John Cornyn y David Purdue.