El senador republicano estadounidense Rick Scott presentó este jueves un proyecto de ley que busca revocar los visados actuales y restringir la emisión de otros nuevos a aquellas personas que apoyen los regímenes totalitarios de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia.
El borrador quiere imponer restricciones a cualquier funcionario del gobierno actual de Nicolás Maduro o de su predecesor Hugo Chávez en Venezuela. Pero también a quienes trabajen o hayan trabajado para los Ejecutivos de Fidel Castro, Raúl Castro o Miguel Díaz-Canel en Cuba.
Asimismo, el proyecto busca revocar el visado de quienes apoyan o han respaldado al presidente Daniel Ortega y al partido sandinista en Nicaragua; y al exmandatario de Bolivia Evo Morales. Y penalizará a cualquier extranjero que actúe en nombre de esos gobiernos.
«Vivir la gran vida» a costa de la miseria ajena
«Dictadores despiadados en América Latina han destruido millones de vidas simplemente para mantenerse en el poder. Sus regímenes ilegítimos son un insulto a la democracia y despojan a millones de personas de la libertad mediante su opresión brutal. Estados Unidos no puede mostrar tolerancia por estos líderes malvados o los matones que ejecutan sus deseos», dijo Scott en un comunicado.
Esta iniciativa garantizará que «estas personas malvadas no vayan a Estados Unidos a vivir la gran vida mientras sus ciudadanos en casa están en la miseria», afirmó Scott.
«Esto no solo es importante en términos de apoyo a la libertad y la democracia en América Latina. Es esencial para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos», recalcó el legislador estadounidense.
Visado de cónyuges e hijos también se verían afectados
La llamada «Ley de no alivio para los aliados de los dictadores» apunta a aquellos que cometen o han cometido violaciones de derechos humanos, amenazas o actos que socavan la soberanía de los pueblos cubano, venezolano, nicaragüense y boliviano; y que sean titulares de visados que viven en Estados Unidos o que los buscan en el extranjero.
La propuesta, cuyo eventual voto en la Cámara Alta todavía no está tramitado, impondría restricciones a cónyuges e hijos de funcionarios extranjeros que responden a esos Ejecutivos. Y a aquellos que visiten la Asamblea General de la sede de la ONU, «según lo determine el secretario de Estado y el director de Inteligencia Nacional caso por caso».