Pedro Sánchez
EFE/Moncloa / Pool

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, obtuvo el jueves el acuerdo del partido del independentista catalán Carles Puigdemont, indispensable para volver a ser investido como jefe del ejecutivo, a cambio de una polémica ley de amnistía que ha disparado la tensión en el país.

Tras semanas de intensas negociaciones, el Partido Socialista de Sánchez y la formación de Puigdemont (Junts per Catalunya) firmaron su acuerdo en la mañana del jueves en Bruselas, donde huyó el líder independentista tras el fracaso de la tentativa de secesión de Cataluña en 2017, para esquivar a la justicia española.

Según estipula el acuerdo, los siete diputados de Junts, cuyos diputados son decisivos en un Parlamento muy fragmentado, votarán para reconducir al poder al socialista, contra el que realizaron una oposición frontal en los últimos años.

El debate y la votación de la nueva investidura de Pedro Sánchez debería ser la próxima semana, aún con margen antes de la fecha límite del 27 de noviembre cuando, si ningún candidato hubiera logrado una mayoría suficiente, se convocarían nuevas elecciones.

A cambio del apoyo de Junts, Sánchez aceptó su exigencia de impulsar una ley de amnistía para sus dirigentes y militantes procesados por la justicia española, principalmente por su implicación en la tentativa secesionista de hace seis años.

Referéndum, línea roja

Las dos formaciones se pusieron de acuerdo para emprender conversaciones relativas también a la cuestión del «reconocimiento nacional de Cataluña», precisa el texto del acuerdo.

Durante esas negociaciones, el partido de Puigdemont ya avanzó que volverá a reclamar la organización de un referéndum de autodeterminación, una línea roja para el gobierno central.

Pese a reconocer el inicio de una «etapa inédita», impulsada para que «contribuya a la resolución del conflicto histórico entre Cataluña y España», Puigdemont advirtió que la estabilidad del próximo gobierno de Sánchez dependerá del avance de estas conversaciones.

«Sin acuerdos, sin cumplimiento [del acuerdo firmado el jueves], la legislatura no tiene ningún recorrido», subrayó el independentista ante la prensa en Bruselas.

Poco antes, y también desde Bruselas, compareció el negociador socialista del acuerdo, Santos Cerdán -un colaborador muy próximo de Sánchez-, que aseguró que el pacto tenía como objetivo asegurar la «estabilidad» del gobierno durante cuatro años.

Apoyada también por la extrema izquierda y los partidos vascos, la ley de amnistía deberá ser adoptada por el Parlamento, en cuanto Sánchez sea investido por los diputados, previsiblemente la próxima semana.

El texto, que debería permitir el regreso de Puigdemont a España seis años después de su marcha, abarcará hechos ocurridos desde 2012, cuando arrancó la escalada separatista en Cataluña, precisó Cerdán.

Gracias al acuerdo con Junts, Sánchez parece muy cerca de lograr una nueva investidura después de haber superado los sondeos que proyectaban su derrota definitiva en las elecciones legislativas del 23 de julio, celebradas solo dos meses después de la debacle de la izquierda en los comicios locales.

En el poder desde 2018, Sánchez aguantó mejor de lo previsto ante su rival conservador Alberto Núñez Feijóo, cuyo Partido Popular (PP, derecha) ganó las elecciones, pero no consiguió después los apoyos suficientes de otras formaciones para ser investido.

Movilizaciones

Apoyado en el Parlamento por una parte de los independentistas desde hace cinco años, Sánchez ya indultó en 2021 a los nueve dirigentes separatistas condenados a prisión por su implicación en la intentona separatista y, al año siguiente, su mayoría reformó el Código Penal para suprimir el delito de sedición por el que fueron condenados.

Pero esta nueva concesión a los independentistas subió la tensión en el país.

La derecha y la extrema derecha acusan al socialista, contrario en el pasado a la idea de una amnistía, a estar dispuesto a todo para mantenerse en el poder.

Numerosas manifestaciones se convocaron sobre la medida, y las últimas movilizaciones de la extrema derecha frente a la sede del Partido Socialista en Madrid terminaron en enfrentamientos con la policía, unas imágenes de violencia poco frecuentes en España.

Organizaciones próximas al partido de extrema derecha Vox llamaron a una nueva protesta en la noche del jueves contra lo que califican como un «golpe de Estado».

«España ha perdido, los independentistas están ganando», gracias a su «chantaje», lanzó Alberto Núñez Feijóo, mientras que el jefe de Vox, Santiago Abascal, denunció «el principio del fin de la democracia».

El PP llamó a sus simpatizantes a concentrarse el domingo en todas las capitales de provincia contra la medida, y otra gran manifestación está prevista en Madrid el sábado 18.


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