La relación entre Wilmer Ruperti y el ex juez Baltasar Garzón, terminó de mala manera. El empresario venezolano contrató al bufete Ilocad S.L. para que asesorara la defensa del general Hugo Carvajal, reclamado por Estados Unidos acusado de narcotráfico.
El diario ABC reveló que el contrato era de alrededor de 3 millones de euros. El principal trabajo era hacer un informe, a cambio de 1,7 millones, para cuestionar los métodos de la justicia estadounidense. Además, por 500.000 euros debían integrar un equipo de trabajo, entre otras labores.
Cuando una de las empresas de Ruperti, Maroil Trading (domiciliada en Panamá) ya había abonado 1,85 millones, el empresario se hartó, pues no había recibido trabajo alguno ni información sobre las tareas realizadas.
Ruperti escribió una carta al ex juez, la depositó ante notario y se la envió por correo certificado. La misiva data del 12 de abril de 2017. Allí le comunicaba que rescindía el contrato.
“Su despacho no ha llevado a cabo los trabajos encargados ni me ha informado de nada relacionado con los mismos. He perdido absolutamente la confianza depositada en usted porque he tenido conocimiento, entre otras vicisitudes, que en el año 2012 fue condenado a la pena de inhabilitación de 11 años por un delito de prevaricación e intercepción de comunicaciones de un preso, siendo expulsado de la carrera judicial”, dice una de las partes de la carta.
El empresario marítimo venezolano le reclama “la devolución de todas las cantidades hasta la fecha”, así como el informe detallado de los trabajos y actuaciones. Según ABC, Ruperti no ha demandado por estafa a Garzón porque le avisaron que esto podría causarle problemas utilizando todos los medios a su alcance.
El diario también reveló que el ex magistrado viajó a la isla de Margarita en 2016 para encontrarse con Hugo Carvajal, a quien Estados Unidos identificaba como uno de los líderes del Cartel de los Soles.
En 2014 Carvajal evitó la extradición desde la isla de Aruba, de jurisdicción holandesa, cuyas autoridades denegaron la orden. Luego, viajó a Madrid y allí reconoció al presidente interino Juan Guaidó.
Ruperti
Tres meses después de la firma del contrato entre Maroil Trading y el despacho de Garzón, la empresa de Wilmer Ruperti recibió de Pdvsa una adjudicación de 138 millones de dólares.
Ruperti afirmó que el contrato fue fruto de una licitación pública e internacional a la que se invitaron a 17 empresas de todo el mundo.
“El contrato exigía una inversión directa y previa de casi 90 millones de dólares en maquinaria e instalaciones, que además había que ejecutar, con la enorme dificultad que ello conlleva por el bloqueo norteamericano. Ojalá mi actuación sirviera de ejemplo para otros muchos en los momentos tan difíciles que atravesamos”, dijo el venezolano en entrevista con ABC.
Fuentes próximas a Ruperti desvinculan la adjudicación de Pdvsa del pago de la asesoría legal de Hugo Carvajal. Dicen que lo hizo para ayudar a su país ante “los ataques de Estados Unidos sin pruebas”.