El comandante del Ejército, general Luis Ospina, anunció este martes el retiro de 18 militares de la institución por la intimidación que soldados disfrazados de disidentes de las FARC llevaron a cabo contra una comunidad rural del departamento caribeño de Córdoba.
El 10 de septiembre, en la localidad Bocas del Manso, en Tierralta, Córdoba, un grupo de militares armados y disfrazados de disidentes de la antigua guerrilla de las FARC intimidaron a los habitantes del caserío, situación que fue rechazada desde sectores del país.
«Lo registrado en los videos y los resultados de la inspección determinaron que los procedimientos efectuados fueron totalmente contrarios al actuar institucional, trasgrediendo las normas, las leyes y la doctrina militar, al realizar actos inapropiados en contra de la población civil, emplear prendas no autorizadas, cubrirse el rostro, usar inadecuadamente las armas de la República, entre otros aspectos tácticos militares», agregó el general Ospina.
Por esa razón, explicó el comandante del Ejército, la institución tomó la decisión de «retirar con pase a la reserva a un personal de seis oficiales y cuatro suboficiales, que con su actuar han comprometido los principios y valores de la institución», así como a ocho soldados profesionales.
Igualmente, la institución decidió que los miembros del pelotón que no participaron directamente en lo ocurrido, que son 13 soldados, fueron trasladados a «unidades en las que no realizarán actividades operacionales, ni de inteligencia, y cumplirán labores administrativas y servicios de régimen interno, en tanto se definen los procesos de investigación activos».
«Del mismo modo, y según las recomendaciones médicas, el oficial comandante de la Compañía cumplirá su tratamiento e incapacidad y seguirá vinculado a las investigaciones que cursan por estos hechos», añadió el general Ospina.
No repetir la historia
El presidente colombiano Gustavo Petro aseguró el jueves que este «no es un caso aislado»: «No era un mensaje a los pobladores humildes de El Manso (…), el mensaje era para la sociedad para decirles este gobierno está hundiendo a Colombia en el desorden, en el caos, hay que poner orden».
En palabras de Petro, «el mensaje iba directo hacia un grupo social específico, los hacendados de tierras productivas que no producen en Córdoba», a quienes les habían mandado una carta «porque no se podía dejar que organizaran el campesinado».
Tras conocerse el suceso, una comisión de la Fiscalía y de la Procuraduría fue atacada cuando se desplazaba hasta el lugar de los hechos en un helicóptero militar.
El ataque se produjo el miércoles en la tarde cuando una «comisión integrada por 20 delegados de la Fiscalía y la Procuraduría y demás autoridades, que se desplazaba vía aérea hasta la vereda Bocas del Manso, en Tierralta, Córdoba, para verificar los hechos, fue hostigada con armas de largo alcance cuando se aproximaban al sector», explicó el Ejército ese día.