Argentina experimentó un aumento de femicidios en 2023, en total 322, cifra equivalente a casi un asesinato al día y que dejó dos centenares de huérfanos, según las últimas estadísticas de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Los datos se conocen cuando el Congreso debate una polémica reforma a leyes de género impulsada por el presidente ultraderechista Javier Milei, después de haber eliminado del gobierno el Ministerio de Mujeres y Diversidad de Género.
El número de asesinatos de mujeres por razones de género «es alarmante», y supera incluso las cifras de 2020, año marcado por la pandemia de covid, cuando se registraron 295 femicidios, evaluó el organismo oficial.
«La violencia de género está en la agenda pública, en las mesas de las familias, pero las prácticas culturales siguen siendo machistas y patriarcales. El Estado debe poner mucho más dinero en la prevención, no retirarse», dijo Fernanda Tarico, de Shalom Bait (Paz en el Hogar, en hebreo), a la AFP.
A casi 60% de las víctimas las asesinaron en su domicilio, en su trabajo o en viviendas compartidas con los femicidas. En tres de cada cuatro casos había una relación preexistente entre la víctima y el victimario, precisó la Defensoría argentina.
Reformas de Milei
El gobierno de Milei, que postula que «la violencia no tiene género», incluyó en su proyecto de «Ley Omnibus» (una extensa ley de reformas en diversos temas) cambios en la llamada Ley Micaela, aprobada en 2019, que compromete al Estado a capacitar sobre cuestiones de género y violencia contra las mujeres a los funcionarios de todos los niveles de los tres poderes.
La reforma de Milei propone capacitaciones sobre «violencia familiar» y limitarlas a los organismos con competencia en la cuestión.
La modificación «es grave» porque «afecta el sentido de la ley», cuestionó públicamente la Fundación Micaela García, que lleva el nombre de una niña víctima de femicidio en 2017, cuyo caso aceleró el debate y la aprobación de la legislación vigente.
La reforma que impulsa Milei, según Tarico, «es fruto de la absoluta ignorancia, de la falta de reconocimiento del problema que supone que un juez o fuerzas de seguridad o personal del Estado, hagan intervenciones irresponsables».
El secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Joaquín Torre, dijo en el Congreso que la Ley Micaela «es noble, pero no ha dado resultado. Tenemos más muertes que antes y hemos invertido millones».