El Poder Judicial de Perú declaró improcedente un «habeas corpus» que presentó la defensa de Pedro Castillo contra tres fiscales que investigan a la petrolera estatal Petroperú. Con el recurso, el mandatario pretendía impedir que se realicen diligencias en su contra.
Castillo y Petroperú
A través de una resolución judicial difundida este lunes el Quinto Juzgado Constitucional de Lima rechazó la demanda interpuesta por Eduardo Pachas, abogado de Castillo. La denuncia estaba dirigida en contra de la fiscal Norah Córdova y sus dos adjuntos Luis Alberto Medina y Luis Reynaldo Mina.
Con este recurso de amparo, la defensa del presidente solicitó a fines de diciembre que los fiscales se abstuvieran de realizar pedidos para cualquier nuevo allanamiento al Palacio de Gobierno. Argumentó una supuesta «vulneración de su derecho a la defensa y a la inviolabilidad de domicilio».
Pero el juez descartó que se estén amenazados los derechos del presidente. Y recordó que él no es investigado en este caso, que incumbe a funcionarios de la petrolera estatal.
«No existen razones para la presentación de este habeas corpus al no estar ni amenazada ni afectada su libertad individual ni los derechos conexos». Así se lee en el documento.
El juez también sostuvo que la labor de investigación de los fiscales se encuentra «debidamente legitimada». Aseveró que los actos de los representantes del Ministerio Público «solo están destinados al esclarecimiento de los hechos denunciados».
Descartan parcialización
La demanda de Pachas a favor de Castillo aludía también a la supuesta falta de imparcialidad de Córdova por sus marcadas y conocidas opiniones políticas contrarias a Castillo, que según el letrado podían afectar a la investigación.
Durante la campaña electoral de 2021, la magistrada, a cargo de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, se posicionó públicamente en contra de la candidatura del profesor rural al consignar en su foto de perfil de Facebook el mensaje «no al comunismo».
Luego tildó de «comunistas, ‘terrucos’ (terroristas) y corruptos» a quienes acompañaban en el equipo de gobierno de Castillo, y cuando los órganos electorales declararon ganador de los comicios al candidato izquierdista, lanzó el mensaje «habemus ‘terrucos'» (tenemos terroristas).
Sobre esas publicaciones, Córdova argumentó que corresponden a su vida privada y que no tienen relación con sus funciones como fiscal.
Por su parte, el juez aseveró en la resolución que no encontró pruebas que califiquen como suficientes para determinar una posible parcialización de la fiscal.
Investigación contra Córdova
El abogado de Castillo presentó el «habeas corpus» luego del polémico allanamiento a las oficinas del Palacio de Gobierno de Lima el mes pasado. Según un acta firmada por el fiscal Medina, el mandatario presuntamente se opuso a que los representantes del Ministerio Público ingresaran a la sede presidencial. Tanto el gobernante como su abogado lo niegan.
Después de que se filtrase que Castillo no habría dado facilidades para la diligencia, la Fiscalía anunció la apertura de una investigación preliminar contra Córdova por presuntas irregularidades cometidas por personal de su despacho.
El allanamiento se dio como parte de la investigación de la fiscal sobre presuntos actos de corrupción en la licitación de una compra de combustible por Petroperú, por valor de 74 millones de dólares, que fue adjudicada a una empresa de Samir Abudayeh, con quien Castillo se reunió en el Palacio de Gobierno días antes.