El ahora expresidente de Perú, el izquierdista Pedro Castillo, anunció hoy la disolución del Congreso, en una maniobra calificada de autogolpe de Estado y que marca el último hito de un gobierno atormentado por crisis, renuncias y pedidos de destitución.
El anuncio se produjo cuando el mandatario se enfrentaba a un tercer intento de destitución en un año y medio de gestión impulsado por un Parlamento dominado por la derecha, que iba a debatir su posible remoción por «permanente incapacidad moral».
La Fiscalía investiga al mandatario en seis casos preliminares, la mayoría por presunta corrupción, y su hipótesis es que Castillo usó su poder para lucrar a cambio de otorgar obras públicas. El expresidente ha negado las acusaciones.
Pedro Castillo
Las causas en su contra incluían un presunto tráfico de influencias en la compra de combustible por la estatal Petroperú en 2021 y la supuesta obstrucción a la justicia en la destitución de un ministro de Interior. También un presunto tráfico de influencias en un expediente de ascensos militares; supuesta corrupción y colusión agravada en un proyecto de obra pública, y por el plagio en su tesis universitaria.
El primer presidente de origen rural en 200 años de república, que llegó al poder en 2021 sin ninguna experiencia política, modificó cinco veces su gabinete con más de 60 cambios de ministros, lo que ha provocado una parálisis de varias políticas de gobierno.
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Desde 2016 Perú vive una crisis política caracterizada por Parlamentos y presidentes de turno que buscan eliminarse por desacuerdos entre sí. En 2019 el mandatario Martín Vizcarra (2018-2020) disolvió el Congreso y convocó elecciones legislativas. En 2020 el nuevo Legislativo removió a Vizcarra. El nuevo presidente, Manuel Merino, duró menos de una semana y renunció por marchas que dejaron 2 muertos y 200 heridos. Francisco Sagasti llegó al poder y tras nueve meses entregó el puesto al actual mandatario.
Parlamento y Fiscalía
El enfrentamiento con el Parlamento y la Fiscalía es tan fuerte que Castillo pidió recientemente la visita de una misión de alto nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que concluyó en un informe que se necesita una tregua política para estimular el diálogo entre las partes.
En medio de la lucha por el poder, la sequía más potente en medio siglo golpea los Andes y miles de aldeas rurales sufren la falta de lluvias que no permiten el inicio de la siembra de papas. Los pastos naturales han comenzado a agotarse provocando la muerte de ovejas y camélidos. Al mismo tiempo la gripe aviar ha matado a más de 18.000 aves marinas silvestres y ha provocado al menos un contagio en una granja de aves que pone en peligro la crianza de pollos y pavos, cuya venta es popular en diciembre porque se usa en las cenas de Navidad y Año Nuevo.
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El gobierno también afirma que desde hace una semana el país sufre una quinta ola de infecciones de covid-19. Desde el inicio de la pandemia murieron más de 217.000 peruanos y 4,3 millones se han contagiado, según datos oficiales.
El anuncio de Castillo tiene lugar poco más de 30 años después del autogolpe de Alberto Fujimori (1990-2000), que disolvió el Congreso el 5 de abril de 1992.
Intentos de destituir a Pedro Castillo
El panorama que iba a enfrentar hoy Castillo evocaba la suerte de los exmandatarios Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, quienes sobrevivieron a una primera moción de destitución, pero no a una segunda en 2018 y 2020, respectivamente, en medio de choques con el Congreso y denuncias de corrupción.
Castillo, un maestro rural y sindicalista, había sobrevivido a dos intentos de destitución «por incapacidad moral», impulsados por un sector del Congreso descontento desde el inicio de su mandato.
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De momento, Castillo había capeado el temporal judicial ayudado por la corrupción y la fragmentación del Congreso de 130 miembros, que carecía de los 87 votos necesarios para separarlo del cargo.
«A los tres meses era evidente que era un presidente inepto y con una vocación por la corrupción muy grande». Así lo dijo el analista y economista Augusto Álvarez Rodrich a la agencia AFP en julio pasado, cuando el mandatario cumplía un año en el poder.
Dudas en la calle
En la calle, los peruanos están divididos sobre Castillo, quien canalizó en 2021 un voto de protesta como un rostro nuevo, ajeno a los partidos dominantes, salpicados por la corrupción.
Según una encuesta de Ipsos difundida esta semana, un 65% de peruanos cree que Castillo está involucrado en casos de corrupción. Este porcentaje representa un incremento en relación al 52% que respondió afirmativamente a la misma pregunta en febrero, según El Comercio.
El sondeo también mostraba que la mayoría no confía en el ahora exjefe del Estado (68%), cree que por lo general no dice la verdad (67%) y que gobierna para sus intereses y los de sus allegados (69%).
El año pasado, Castillo ganó inesperadamente las elecciones al frente de un pequeño partido de corte marxista-leninista con 50,12% de votos, en un reñido balotaje contra la derechista Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000). El resultado fue cuestionado por derechistas que alegaron fraude, pero fue avalado por la OEA y la Unión Europea.
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