Al sacerdote Gonzalo Palacio Palacio tendrá que juzgarlo la historia, pues la justicia ordinaria no logró concluir si en efecto fue un cura que se valió de sus privilegios sociales para apoyar las más cuestionables prácticas y crímenes contra civiles indefensos, o si solo fue un prelado juzgado y perseguido judicialmente por sus posiciones políticas radicales y anticomunistas.
Murió el fin de semana a los 87 años de edad, después de pasar casi tres décadas entre iglesias y salas de audiencias judiciales. Se le señaló no solo de participar en el grupo paramilitar «Los 12 apóstoles», en el norte de Antioquia, sino también de ser uno de sus fundadores y la razón por la cual esa cuadrilla tomó un nombre que se remonta más a la historia bíblica que al horror del conflicto armado.
«El temor mayor era cuando el padre Gonzalo Palacio Palacio, el vicario de la parroquia de La Merced, una de las tres de Yarumal, se tomaba unos tragos en la fuente de soda Los Alpes, frente a esa iglesia». Así lo contaba en 1998 para El Tiempo la periodista Regina Matta Gómez, enviada especial de este diario.
Según su relato, investigado con ocasión de la libertad que recuperó el sacerdote ya cuestionado por la justicia en esos años, este «departía con sus apóstoles y era casi seguro que al otro día aparecía un nuevo muerto». A «Los 12 apóstoles» se les señala de haber cometido crímenes de odio bajo la modalidad de lo que se conoce en Colombia como «limpieza social».
«Los escogidos eran personas señaladas por la población como marginados sociales que resultaban indeseables, sobre todo para los comerciantes de la zona que recolectaban dinero supuestamente para apoyar a la Policía», continúa el relato. Según múltiples denuncias, entre ellas la del mayor retirado Juan Carlos Meneses, había connivencia entre la Fuerza Pública y ese grupo armado, que habría sido auspiciado por personalidades de la región.
Las denuncias también aseguran que el sacerdote era informante de la fuerza pública.
Entre los acusados por auspiciar y conformar «Los 12 apóstoles» está Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuyo proceso judicial por esta causa está cerca de concluir, pues en noviembre se realizarán los alegatos de conclusiones previos a conocer la sentencia que determine si es culpable o inocente de los cargos por paramilitarismo.
«La misión apostolar terminó un año y 35 muertos después, con el allanamiento de la casa cural de la parroquia de La Merced, la captura del padre Palacio y el decomiso de un revólver calibre 38 de su propiedad», reseñaba entonces la periodista Matta Gómez. Ese revólver, según dijo Palacio, lo compró legalmente para protegerse de la guerrilla, contra la cual azuzaba desde el púlpito.
Palacio fue capturado en 1995 en Laureles, sectorde clase media alta del occidente de Medellín. Quedó en libertad en 1997, pero no fue desvinculado del proceso. Después de pasar décadas como párroco en la fría localidad de Yarumal, tras el escándalo desatado por las acusaciones contra Palacio, la Iglesia lo trasladó a la iglesia de San Joaquín, en Medellín, donde permaneció hasta sus últimos años.
Su paso por el norte de Antioquia fue determinante en su vida, no solamente por la presencia que allí tenían las guerrillas de las FARC, el ELN y el EPL, sino también por el influjo ideológico que recibió al hacer parte de la Diócesis de Santa Rosa de Osos, conocida por ser una de las más conservadoras del país. Palacio llegó a Yarumal en 1960.
En esa región fue obispo el controvertido sacerdote monseñor Miguel Ángel Builes, señalado de estigmatizar y señalar hasta el punto de la violencia a los liberales a mediados del siglo XX por considerar que esa ideología era pecado. Se dice que Builes fue para Palacio una figura de admiración, pues a este último se le acusa, además, de violar el secreto de confesión para señalar, con nombre propio, a quienes considerara auxiliadores de las guerrillas.
Los testimonios del caso de «Los 12 apóstoles» incluso lo señalan de haber portado armas y camuflado y de señalar a personas a quienes consideraba que el grupo paramilitar debía asesinar, pero estas acusaciones fueron negadas por el sacerdote y no suficientemente comprobadas por la justicia, que quedó en deuda de tomar una decisión de fondo sobre su caso.