Los correazos, bofetadas, ‘chancletazos’ y toda forma para reprender a los menores de edad en las que se utilice el castigo físico quedaron definitivamente prohibidas en Colombia.
Así quedó establecido luego de que el Congreso de la República aprobó en último debate un proyecto de ley que reforma el artículo 262 del Código Civil Colombiano en el que se establece que «los padres o la persona encargada del cuidado personal de los hijos, tendrá la facultad de vigilar su conducta, corregirlos y sancionarlos moderadamente».
Lo anterior indica que actualmente el Código Civil autoriza el uso de “la palmadita” y el “chancletazo” para la crianza. Esto es lo que se denomina castigo físico y es lo que quedará prohibido a partir de esta nueva ley, que para entrar en vigencia debe ser sancionada por el presidente Iván Duque.
Gloria Carvalho, Secretaria Ejecutiva de la Alianza por la Niñez Colombiana, dijo que con esta ley, «Colombia se está poniendo al día con sus obligaciones contraídas como suscriptor de la Convención de los Derechos del Niño.
El proyecto tiene una finalidad pedagógica, persuasiva y alternativa, a través de la promoción de prácticas de crianza sin violencia, amorosas y respetuosas con los derechos fundamentales de la niñez. Esto quiere decir que no se crean nuevas sanciones o multas sino que busca que se incentiven estrategias para la crianza libre de violencia.
Para ello, el proyecto fomenta la creación de una estrategia nacional pedagógica, a través de la cual los padres de familia pueden acceder a orientación y acompañamiento psicológico para adquirir herramientas que les ayudarán a formar a sus hijos y corregirlos sin violencia.
“Hace poco leí que un niño que es golpeado por sus padres no aprende a odiarlos a ellos sino que empieza a odiarse a sí mismo. Una realidad muy dolorosa que me confirmaron varios testimonios que me han llegado en el desarrollo de este debate entre los cuales recuerdo especialmente el de una mujer que nos contó por primera vez en su vida que fue víctima de abuso sexual por parte de su padrastro y que nunca fue capaz de contarle a su mamá por miedo a las reprimendas físicas que le daba”, puntualizó el representante Julián Peinado, autor de la iniciativa que ahora pasa a sanción presidencial.
El congresista explicó que el proyecto de ley respeta la autonomía de las familias y sus decisiones en torno a sus creencias, historia, cultura, religión, rutinas, etc., «eso está constitucionalmente protegido, lo único que cambia es la restricción para que dichas correcciones y enseñanzas se ejerzan sin violencia».
«Como si los argumentos legales no fueran suficientes – indica un documento de Alianza por la Niñez – los trabajadores de la salud, pediatras, psiquiatras, psicólogos advierten sobre las consecuencias del castigo físico en la salud física y mental de la niñez y la adolescencia».
Datos del ICBF señalan que 82% de los jóvenes que están respondiendo por algún tipo de Responsabilidad Penal Adolescente han sido objeto de algún tipo de vulneración y castigos físicos al interior de sus hogares, lo que demuestra que el castigo físico genera una cadena de violencia, tal como lo ha explicado la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina María Arbeláez.
Los ‘peros’No obstante, esta iniciativa, durante su trámite en el Congreso tuvo varios reparos de algunos sectores políticos.
El senador de Colombia Justa Libres John Milton Díaz señaló que aunque este proyecto de ley tiene una buena intención, está invadiendo terrenos que el Estado no debe invadir en términos de las libertades que tienen los padres de familia.
Y añadió: “Es equivocado pensar que es el Estado el que debe enseñarle a los padres cómo educar a sus hijos”.
Sin embargo, este no es el único ‘pero’ en contra de la iniciativa. De hecho organizaciones como la Red Familia Colombia la han calificado como innecesaria, argumentando que ya existen mecanismos en contra de la violencia infantil y el maltrato intrafamiliar, consagrados en el Código de Infancia y Adolescencia.