A pesar de que Alberto Núñez Feijóo ganó las elecciones con 136 diputados en el Congreso, solo podría gobernar en el supuesto de que le apoyaran Vox, el PNV, UPN, y Coalición Canaria; lo que le otorgaría una exacta mayoría absoluta de 176 diputados. Por su parte, Pedro Sánchez tendría la posibilidad de reeditar un gobierno Frankenstein; para lo que necesitaría la concurrencia de Sumar, ERC, Junts, Bildu y el PNV.
El Partido Popular logró el 23 de julio una clara mayoría absoluta en el Senado. Consiguió 120 representantes frente a los 72 de los socialistas. No obstante, en estos comicios solo se eligieron a 208 de los 265 senadores que componen la Cámara Alta: 4 por provincia peninsular, más 3 cada una de las islas mayores (Gran Canaria, Mallorca y Tenerife); y uno a cada una de las restantes islas (Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma). Las poblaciones de Ceuta y Melilla eligieron cada una de ellas dos representes.
Los 57 senadores restantes los seleccionan los parlamentos autonómicos, uno fijo por cada Comunidad y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. En este proceso, la Constitución exige la «adecuada representación proporcional». Lo que supone reservar a cada Grupo Parlamentario de la respectiva Cámara regional un número de escaños conforme a su fuerza numérica. Debido a que el pasado 28 de mayo los ‘populares’ obtuvieron un gran resultado autonómico, su mayoría absoluta en la Cámara Alta está garantizada ya que alcanzaría los 140 asientos.
La función legislativa del Senado
El Senado, como parte del Poder Legislativo, participa en el trámite parlamentario. Así pues, la Carta Magna señala que, aprobado un proyecto de ley en el Congreso, su presidente se lo comunicará –de manera «inmediata»– al presidente del Senado, que lo deberá someter a la deliberación de la Cámara. Y en un plazo de dos meses esta puede oponer su veto o introducir enmiendas. Para que una norma sea vetada se requiere de la mayoría absoluta, tras la cual el texto vuelve al Congreso; que podrá ratificar su proyecto inicial con mayoría absoluta, o mediante mayoría simple una vez transcurridos dos meses desde la interposición del veto.
En este contexto, en el caso de que se configure un Ejecutivo Frankenstein, la posición del PP en la Cámara Alta podría retrasar la legislación que sacara adelante Pedro Sánchez. Si los ‘populares’ vetaran o enmendaran constantemente en el Senado las leyes que se tramitaran de manera ordinaria y que contaran con la abstención y no el ‘sí’ de los partidos independentistas. Y en consecuencia con mayoría simple en el Congreso, deberían esperar los dos meses obligatorios tras el veto.
Sin embargo, en los cinco años que Sánchez lleva en la Moncloa es el presidente que más ha empleado la figura del Real Decreto-Ley –por encima de los 140– que la Constitución reserva para situaciones de «extraordinaria y urgente necesidad». A la hora de aprobar «decretazos» el Senado no juega ningún tipo de papel, sino que simplemente deben ser convalidado, o derogados, por el pleno del Congreso.
El CGPJ y el Constitucional
Aunque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva con su mandato prorrogado desde finales de 2018, el papel del Senado es clave para su renovación. Según la legislación vigente, de los veinte vocales, diez de ellos son elegidos por el Congreso con mayoría de tres quintos, y lo otros diez –con el mismo apoyo– por el Senado.
Con las actuales Cortes –en el improbable caso de que se procediera a su actualización, a la que Sánchez se niega– los socialistas y los ‘populares’ deberían llegar, necesariamente, a un acuerdo por la mayoría cualificada que se precisa. De esta manera, el que el nuevo CGPJ volvería a ostentar más vocales de perfil conservador ya que el PP tiene más escaños en ambas Cámaras.
En el caso del Tribunal Constitucional, que ahora cuenta, con una mayoría progresista de siete a cuatro, si un posible Frankenstein concluyera una legislatura de cuatro años, al Senado le correspondería en 2026 renovar por mayoría de tres quintos a los cuatro magistrados que le asigna la Constitución. Así pues, de manera similar que con el CGPJ, sería preceptivo un acuerdo entre el PP y el PSOE. Lo que podría igualar el número de magistrados en cuanto a su ideología.
El artículo 155 y reforma constitucional
Para poner en funcionamiento el conocido artículo 155 de la Constitución, que permite al gobierno de España controlar las competencias de una comunidad autónoma, también es necesario el concurso de la mayoría absoluta del Senado. Así pues, ante un escenario secesionista en Cataluña o el País Vasco Pedro Sánchez tendría que pactar el apoyo del PP en la Cámara Alta.
Asimismo, Junts y ERC aseguraron que condicionan su apoyo a un nuevo Ejecutivo de coalición solo si se pone sobre la mesa la mesa un referéndum de independencia. Sin embargo, esta posibilidad es contraria a la carta magna, por lo que habría que modificarla. Para efectuar una reforma constitucional se necesita «una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras». En el supuesto de que no se consiga, «siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma».
Sin embargo, sería necesario cambiar el Título Preliminar, para lo que se requiere dos tercios de cada Cámara, la disolución de las Cortes, la ratificación de dos tercios de las nuevas Cortes, y un referéndum ciudadano que lo apoye. Escenario, en consecuencia, más que remoto.