Este martes se cumplieron seis días de protestas en Colombia.
Y aunque las movilizaciones, que empezaron el 28 de abril, se han extendido por todo el país, Bogotá y Cali se convirtieron en los epicentros de las principales movilizaciones, que han llevado a violentos enfrentamientos con las autoridades.
La Defensoría del Pueblo señaló que 18 civiles y un policía murieron debido a las protestas y al menos 80 personas se encuentran desaparecidas.
Las movilizaciones fueron convocadas por un proyecto de reforma tributaria impulsado por el gobierno de Iván Duque.
Pese a que el presidente retrocedió y pidió el retiro de la propuesta, las protestas continuaron en las calles.
La veintena de fallecidos y los más de 800 heridos que se han registrado en las protestas han hecho que hasta la ONU cuestione el accionar de las fuerzas de seguridad colombianas, sobretodo de la policía.
El argumento del gobierno para mantener a los uniformados en las calles es que los manifestantes realizan «actos vandálicos».
El ministro de Defensa, Diego Molano, llegó a afirmar que detrás de las protestas hay intenciones «terroristas» promovidas por la exguerrilla FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
De hecho, este martes en la noche, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le pidió al ejército que le ayudara a vigilar varios centros de detención para «preservar la vida 2.825 detenidos».
Sin embargo aclaró que no estaba pidiendo -ni iba a pedir- la militarización de la ciudad.
El Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) es una de las unidades policiales desplegada en varias ciudades colombianas.
En los últimos años fue cuestionada por uso desmedido de fuerza y la violencia con la que actúan sus efectivos.
La conducta de la policía provocó protestas también en Bogotá este martes.
En redes sociales circularon varias imágenes de ataques a estaciones de policía, incluso con uniformados dentro de las instalaciones.
Cientos de personas marcharon para manifestarse contra las fuerzas de orden y la desigualdad que existe en el país.
Para muchos colombianos, el despliegue de soldados contra una población civil «fue recibido negativamente, como una militarización» de la vigilancia del orden público y como una forma de «represión», dijo Eduardo Bechara, profesor de políticas públicas de la Universidad Externado de Colombia, a la agencia de noticias AFP.
