Tamara Sujú, directora ejecutiva del Instituto Casla, entregó este martes a Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el nuevo informe sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela, en el que denunciaron el incremento del nivel de torturas en militares y el agravamiento de técnicas de torturas.
El informe, que fue presentado ante la Corte Penal Internacional, discernió que los casos de torturas incrementaron notoriamente a comparación de 2017, en especial los casos de militares que hayan intentado sublevarse ante el gobierno nacional, indicó Tamara Sujú.
Alegó que las técnicas para torturar aplicadas en las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) entes adscritos a la vicepresidencia, se han aseverado y han sido realizadas por agentes cubanos, que fueron reconocidos por las víctimas debido a su acento.
Las torturas con choques eléctricos aumentaron considerablemente, lo que hizo pensar que al concejal fallecido Fernando Albán le aplicaron este método. Uno de los casos, relató Suju, implicó el uso de choques eléctricos en las áreas de las axilas, lo que provocó la explosión de las uñas de los pies de uno de las torturados.
Una de las personas aprehendidas por los cuerpos de seguridad relató su experiencia con respecto a las tácticas utilizadas, contando que sufrió traumas y constantes torturas que la dejaron desmayada en reiteradas ocasiones.
Las cifras del informe, que abarca los patrones de torturas y número de víctimas durante el gobierno de Nicolás Maduro, reveló que un porventaje de las denuncias la han hecho personas que se han ido del país luego de apsar por estos eventos. En 2018, se recibieron 84 casos de tortutas hechas hasta 2017 y 106 casos de torturas realizadas en 2018.
El número de militares como víctimas de estos castigos pasó de seis casos en 2017 a más de 90 denuncias en 2018. La mayoría con la intención de conseguir información para inculpar a otros militares o civiles.
«70% de las torturas buscan testimonios para acusar a otros compañeros. Los arrestos obtenidos son por testimonios que consiguen los cuerpos de seguridad», aseveró la abogada especializada.
Agregó que espera que las denuncias aumenten, en especial de las personas que se vieron obligadas a salir del país por estos acosos. «Deben hacerse conocer más testimonios para que exista mayor nivel de presión y fundamento para la denuncia internacional», puntualizó Sujú.