El general Jorge Luis Vargas, director de la Policía de Colombia, habló del comportamiento de los delitos de alto impacto en el país y de la ley de seguridad ciudadana, y anunció que tras la captura de Otoniel se termina la operación Agamenón.
¿Qué destaca de la labor de la Policía de Colombia en el año que terminó?
Sin duda, la transformación, el fortalecimiento y la innovación de la institución. Veníamos hace un par de años con la idea de transformar la Policía de Colombia y lo logramos con el liderazgo del señor presidente. A eso se suman el nuevo estatuto disciplinario, el estatuto de carrera y la ley de seguridad ciudadana. Que van a contribuir a la función de la Policía, su puesta en marcha es un objetivo prioritario para este 2022.
Una de mis metas desde que asumí como director de la Policía de Colombia fue trabajar con los patrulleros. Ellos son la base de la institución y haber logrado, con las instrucciones del presidente Iván Duque, 23.000 nuevos cupos este año para su ascenso al grado de subintendente es una gran noticia. Cada año ascendían dos mil o tres mil. En el estatuto de carrera se definió para cada patrullero una bonificación de asistencia a la familia cada dos meses y otra cada cinco años, como reconocimiento a lo que debe ser un excelente comportamiento.
¿Eso cuánto costará?
Con el compromiso del Ministerio de Hacienda para los salarios de los patrulleros, 14 billones de pesos, y 180.000 millones de pesos en bonificaciones. Es algo histórico y muy bueno para nuestros policías.
¿Qué es lo más importante de la ley de seguridad ciudadana?
Muchas cosas. Sobre el respeto a la vida, por ejemplo, aumentan las penas para quien cometa el homicidio de un líder social, un defensor de derechos humanos, un periodista o un integrante de la Fuerza Pública. Se ataca la reincidencia, constantemente estamos capturando a delincuentes que son reincidentes, con varias entradas a la cárcel por hurto o tráfico de estupefacientes. Había una zona gris en este tema, y con ese antecedente de haber sido procesado con anterioridad no saldrán tan rápido. A eso se suma que se aumentaron las penas por hurto. Con esto disuadimos al delincuente para que lo piense dos veces antes de infringir la ley.
¿Y sobre el porte de armas blancas?
Ahora da cárcel de entre 24 y 36 meses, en dos situaciones: en transporte público y sitios públicos. Los mapas de calor nos indican que varios hurtos en el transporte público se realizan intimidando con un arma blanca. Y en las riñas en un establecimiento público terminan hiriendo a un tercero con este tipo de elementos.
¿Y el polémico traslado por protección?
Nosotros hemos sido claros: ningún ciudadano al que un policía le brinde el traslado por protección podrá ser llevado a una estación de policía. Esta figura lo que busca es garantizar la vida y seguridad de las personas bajo siete circunstancias. Por ejemplo: cuando estén deambulando en estado de indefensión, bajo efectos de bebidas alcohólicas o drogas, en estado de exaltación o inmersos en una riña.
¿A dónde los llevan?
Las alcaldías y autoridades locales están a cargo de construir o establecer los lugares de traslado.
¿Y ese traslado cómo queda registrado?
De inmediato, el policía debe reportarlo a su superior, completar un informe con el nombre de la persona y demás datos. Además de explicar el porqué del traslado y, en últimas, la persona será entregada al coordinador del centro de protección, que no es un uniformado.
¿Qué le preocupa?
Yo creo que la intolerancia es mi mayor preocupación. Tras la pandemia, ese comportamiento se incrementó. El irrespeto a la autoridad, no solamente hacia el policía, a las instituciones, sumado a que hay una menor tolerancia entre vecinos. Es un problema serio. Me impactó la violencia que se vivió a mitad de 2021. Los disturbios, personas disparando fusiles contra otras, contra la Policía de Colombia, contra inocentes. La destrucción de los sistemas masivos de transporte de Cali y Bogotá.
Se refiere al paro…
No. Para mí, la manifestación pública y pacífica no tiene ningún reparo. Es un derecho constitucional y la Policía de Colombia la respeta, la garantiza. En eso no tenemos ninguna duda. Yo me refiero a los disturbios, a la violencia, la tortura, terrorismo. Eso fue lo que se vivió, y muchos policías fueron víctimas.
Pero hay policías investigados por homicidio y exceso de fuerza…
Hay más de 30 procesos que tiene la Procuraduría por poder preferente, lo mismo que la Fiscalía. Y esperamos que sean estas dos entidades las que establezcan la responsabilidad en cada proceso. Colombia es una democracia, y nosotros como policía hemos dado todo para que de manera transparente y clara sean justamente la Fiscalía y la Procuraduría las que definan cuántos muertos hubo y quiénes son los responsables.
¿Está claro el número de muertos?
Hay algunos informes que han salido a la luz pública que no coinciden ni siquiera con las actas de levantamiento. Y se registran muertos en lugares donde ni siquiera sucedieron disturbios. Por eso debe ser la Fiscalía la que determine las circunstancias en que se presentaron esos hechos y determine las responsabilidades. La Procuraduría también cuenta con todo nuestro apoyo para que en caso de que algún funcionario haya incurrido en una conducta inapropiada reciba todo el peso del derecho disciplinario en Colombia. Hemos actuado con transparencia y reconocemos los errores dentro del debido proceso.
¿Cómo recuperar la confianza en la Policía?
Buscamos la cercanía con el ciudadano y en eso estamos trabajando. Tenemos que superar el inconformismo de algunos sectores. Y nuestra mejor carta de presentación es el trabajo profesional, recto y transparente de cada uniformado. Para ello es que estamos haciendo esa transformación, contestándole a la ciudadanía. Ahora, no hay que olvidar que fuimos víctimas de una campaña de desprestigio. Hubo un trabajo en redes a través de noticias falsas, nos acusaron de hechos graves que eran mentira.
Esto lo hicieron personas que se organizaron y lo pudimos constatar con los hechos de mitad de año desde donde en varios lugares desde Europa Central atacaron a la institución en redes y con noticias falsas nos volvieron tendencia.
¿Cómo vamos en el tema de homicidios?
Entre enero, febrero y marzo se registraron entre 32 y 34 homicidios diarios, que es la media. Pero entre abril y principios de agosto llegamos a picos de 40 y 42 homicidios diarios, los hechos de violencia de ese período sin duda nos impactaron.
Pero desde finales de septiembre y ya en diciembre hemos vuelto a la media. Hemos trazado una estrategia para lograr una disminución de los homicidios. Y esperamos cerrar el año con una tasa de homicidios de 24,9 por cada cien mil habitantes.
Y déjeme decirle que a pesar de los hechos que se desencadenaron después del 28 de abril, 285 municipios del país no registran un solo homicidio y 365 reportan disminución respecto a las cifras de 2019. 10 ciudades capitales entre las que están Medellín, Montería, Manizales, Pasto, Pereira y Riohacha terminan el año a la baja.
¿Y frente al hurto?
Terminamos el año con reducción en la mayoría de los delitos de impacto. El hurto a personas cerró el 2021 con una reducción del 11 por ciento; hurto de celulares, 10 por ciento; hurto de automotores, 5 por ciento; hurto en residencias, 32 por ciento. Y en comercio, 38 por ciento. Quiero decir que a pesar de las críticas, son los mejores resultados en años. Sabemos que hay que persistir y que tenemos retos importantes como el hurto de bicicletas, que se ha vuelto recurrente. Quisiéramos que no hubiera delitos, pero hay personas dedicadas a eso y nuestro deber es llevarlas a la justicia.
¿Y en la lucha contra el crimen organizado?
Aquí se batalla todos los días contra las disidencias, el Eln, el ‘clan del Golfo’ y la delincuencia común. Claro que capturar a ‘Otoniel’ fue un gran logro, es la captura más importante de este siglo.
A ‘Otoniel’, que dice que no lo capturaron, que ha estado negociando con el Gobierno, que no se equivoque: este Gobierno no negocia ni ha negociado ni negociará jamás con bandidos. Fue capturado y en la operación cayó un héroe. A los criminales se les confronta y se les vence. pic.twitter.com/CDTKm9O38x
— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) December 23, 2021
¿La operación Agamenón continúa?
Agamenón terminó. A mediados de enero vamos a lanzar una nueva operación contra lo que queda del ‘clan del Golfo’ y para fortalecer la seguridad en la región de Urabá.
Nuestros objetivos: ‘Chiquito Malo’, ‘Gonzalito’, ‘Siopas’, ‘Brayan’ los jefes, que están en una clara división y disputa por el control de la organización. Además, vamos por ‘Gentil Duarte’, ‘Iván Mordisco’, ‘Iván Márquez’, ‘Jhon Mechas’ y los jefes del Eln. Y en ese orden de ideas pidiéndoles a los países del mundo que nos los entreguen, para eso están las circulares rojas. El señor Presidente es claro en que debemos capturarlos a todos.
Pero los que mencionó no están en el país…
Venezuela los debe entregar. Deben cumplir unos protocolos internacionales y así ubicarlos, capturarlos y extraditarlos a Colombia.
¿Qué se hará en la lucha contra el narcotráfico?
Desde noviembre se viene adelantando una estrategia para afectar los laboratorios. Queremos cortar la cadena de producción, dejando a los narcotraficantes sin cocaína y, por ende, sin ganancias. La Policía de Colombia en 2021 incautó 341 toneladas de coca y cumplimos la meta de erradicación con más de 60.000 hectáreas sembradas con cultivos ilícitos.
Y en 2022, elecciones…
El centro integrado de inteligencia electoral está activo desde junio. Ya tuvimos una reunión con la Comisión Nacional de Garantías y el plan democracia entró en vigencia. Queremos unas elecciones tranquilas y con todas las garantías, y se está trabajando con tiempo en ese tema. Se está acompañando en seguridad a todos los candidatos y a todos los partidos para que tengan plenas garantías.
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