Gustavo Petro, presidente de Colombia, comparó el sistema electoral de su país con el de Venezuela luego de que arremetiera contra la empresa Thomas Greg & Sons, encargada de la licitación de los pasaportes y el software de escrutinio electoral en su país.
“Este es un sistema electoral que, si se cuestiona el de Venezuela, es muchísimo peor el colombiano”, expresó en un encuentro con los medios el pasado viernes. Afirmó que la democracia del país está manipulada por una organización privada con influencia política, haciendo referencia a la empresa Thomas Greg & Sons.
Petro aseguró que el hecho de que una sola empresa privada tenga acceso a los datos de todos los colombianos, a través de la Registraduría y la Cancillería, podría provocar «mayores fraudes» electorales.
«La democracia en Colombia está manipulada por una empresa privada», sentenció Petro.
Días antes, José Antonio Salazar, quien hasta el 26 de febrero fue el secretario general de la Cancillería, firmó una resolución con la cual le adjudicó el contrato de los pasaportes a la empresa Thomas Greg & Sons, lo que generó que Petro lo declarara insubsistente.
El presidente colombiano manifestó que la empresa tiene «el control de las dos palancas de la elección». Finalmente, los acusó de que podría haber un fraude por parte de Thomas Greg, ya que ellos «controlan por completo las elecciones y puede hacer un fraude monumental».
Petro, desde un inicio, insistió en que era necesario volver a realizar un proceso licitatorio luego de que el canciller suspendido, Álvaro Leyva, declaró desierta la licitación original el año pasado, reseñó El Tiempo.
El mandatario ha reiterado que en su gobierno no se aceptan los pliegos sastre y que a pesar de que Thomas Greg obtuvo el puntaje perfecto, según las condiciones que presentó el Fondo Rotatorio de la Cancillería, era necesario empezar de nuevo porque según él, el proceso estaba «amañado» a favor de dicha compañía.
Aunque el nuevo proceso ya se estaba adelantando, la decisión de Salazar de este lunes tumbó todas las determinaciones previas tomadas por Leyva en su momento respecto al caso.
El exsecretario ha señalado en diversas entrevistas que lo que hizo fue completamente legal y que su resolución que adjudicó el contrato está en firme.