El Gobierno de Perú extendió el estado de emergencia en la región sureña de Puno por 60 días más. Esto para que las fuerzas armadas dirijan el control del orden interno en esa jurisdicción.
Los oficiales lo harían con apoyo de la Policía Nacional, de acuerdo con un decreto supremo publicado este domingo.
Puno, región sureña fronteriza con Bolivia, fue donde se produjeron violentos enfrentamientos con las fuerzas del orden en las protestas antigubernamentales de inicios de año. Las mismas que mantuvieron el bloqueo de caminos y carreteras por más tiempo.
La semana pasada, las organizaciones sociales de Puno convocaron a un paro de 24 horas para retomar las movilizaciones. Las mismas son en contra Boluarte, pero el acatamiento a la medida fue bajo.
La prórroga del estado de emergencia en Puno responde a la aplicación del artículo 137 de la Constitución Política, inciso 1.
La que establece la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio. libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión, y libertad y seguridad personales.
El Ejecutivo peruano dispuso que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas continúe asumiendo el Comando Unificado de las fuerzas armadas y la Policía Nacional en Puno. De acuerdo a las normas legales vigentes que definen los alcances de un comando militar en una situación similar.
Durante este periodo de emergencia, las fuerzas armadas tienen la labor de proteger los activos críticos nacionales, con intervención y apoyo de la Policía Nacional.
También la protección a instituciones públicas, privadas e instalaciones estratégicas vinculadas con la explotación o transporte de recursos naturales y vías que determine la policía.
Fuerzas públicas activas
En una reciente asamblea de organizaciones sociales de Puno, se acordó también realizar una nueva marcha de protesta hacia Lima en las próximas semanas.
Esta sería similar a la que hicieron a inicios de año y que fue uno de los últimos actos de movilización. Ocurrieron tras la destitución del expresidente Pedro Castillo en diciembre pasado.
Las protestas estallaron en Perú tras el fallido golpe de Estado de Castillo el 7 de diciembre pasado. Continuaron desde enero con movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden.
Todo ello en rechazo al gobierno de Boluarte, quien asumió la jefatura del Estado por ser la vicepresidenta.
Según diversas fuentes, al menos 49 civiles murieron durante esos enfrentamientos. Mientras que las protestas dejaron, en total, 77 fallecidos.
Otras personas, entre ellas varios haitianos, también fallecieron por acciones como el bloqueo de carreteras.