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Foto El Comercio

Un grupo de 131 venezolanos fueron detenidos en los últimos días por estar implicados en delitos en las ciudades de Lima y Huancayo. Serán expulsados de Perú por ingresar al país  de manera irregular.

El ministro peruano del Interior, Carlos Morán, supervisará en las próximas horas la expulsión de 131 venezolanos. La mayoría están retenidos en un hotel de la playa Punta Negra, donde se desarticuló una banda que presuntamente asesinó a un peruano hace dos semanas en Lima.

Del grupo de detenidos en el operativo policial de Punta Negra serán expulsados 102 venezolanos, 95 hombres y 7 mujeres. Todos eran investigados por la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional.

Otros 29 connacionales, 27 hombres y 2 mujeres, que serán expulsados los detuvieron en la ciudad andina de Huancayo. Están implicados en hechos delictivos y tienen situación migratoria irregular.

En el operativo de Punta Negra la Policía siguió a este grupo en el marco de la investigación del asesinato de un empresario peruano. El nacional estaba a punto de viajar a Estados Unidos y lo asesinaron en un restaurante de comida rápida como un presunto caso de sicarios.

Igualmente, en los últimos meses, denunciaron diversos casos de violencia de género y delincuencia común en los que están involucrados venezolanos. En algunos casos con antecedentes policiales en Venezuela.

A raíz de esta situación, el ministerio del Interior anunció la creación de una brigada policial para investigar y combatir los delitos cometidos por venezolanos y otros extranjeros.

«El Perú ha recibido a la migración extranjera con los brazos abiertos, con el espíritu americanista y de fraternidad que nos caracteriza», indicó Morán.

«Sin embargo, esos delincuentes extranjeros, esos venezolanos que han ingresado a delinquir, tienen solo dos caminos: irse del país o la cárcel», añadió.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo sostuvo que la lucha contra la inseguridad ciudadana no debe generar estigmatización ni discriminación contra la población migrante.

«No dudamos que la creación de unidades policiales especializadas pueden constituir una medida efectiva en la lucha contra la criminalidad. Pero delimitar como propósito de acción a los ciudadanos extranjeros vuelve objeto a estas personas de estereotipos que pueden estigmatizarlos y afectar gravemente sus derechos», expresó el adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo.

Los migrantes venezolanos en Perú superan los 860.000 y se concentran en las ciudades más grandes, como Lima, Arequipa y Trujillo.


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