Un canal de televisión de Perú y sus periodistas, algunos investigados por la Fiscalía por presuntos llamados constantes de actos de violencia y difusión de información falsa durante las elecciones, acusaron al presidente electo Pedro Castillo de intentar limitar su libertad de expresión.
Willax, el medio peruano que más espacio dio al supuesto fraude electoral, denunciado por la derechista Keiko Fujimori, criticó en un comunicado que el izquierdista Castillo pidiera al actual gobierno una sanción administrativa contra el canal.
La carta remitida al Ministerio de Transportes y Comunicaciones por Castillo y su abogado Julián Palacín es un claro intento por silenciar a los periodistas de Willax. Así lo afirmó el representante legal del canal Luis Lamas Puccio, quien también señaló otras querellas presentadas por allegados al partido marxista Perú Libre.
Para Lamas Puccio, la misiva puede ser un anticipo de la actitud que puede emprender Castillo hacia este canal en particular. El izquierdista dentro de ocho días asumirá la Presidencia de Perú y el Poder Ejecutivo.
“No podemos permitir que nos callen. Si hoy van contra Willax, mañana o más tarde será contra los demás medios de comunicación”, afirmó la presentadora Milagros Leiva, mientras que su colega Phillips Butters se escudó en la libertad de expresión.
El también presentador Humberto “Beto” Ortiz afirmó que su programa cumple con los códigos del buen periodismo. “No van a lograr callarnos, no les tenemos miedo”, agregó.
“Campañas difamatorias”
En la carta enviada por Castillo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el presidente electo solicita que se abra una investigación contra Willax por la supuesta violación del código de ética en la prestación de los servicios de radiodifusión con campañas difamatorias.
Entre esas violaciones que el presidente electo acusa a Willax está especialmente el derecho a la veracidad de la información y el respeto al honor.
Un medio de comunicación que difama, miente y afecta al honor de las personas debe recibir las sanciones de ley”, dijo Castipo.
Por eso, exhortó al ministerio responsable de dar las concesiones de multar al canal y derivar denuncias penales y civiles contra los responsables.
El documento remitido por el profesor y líder sindical del magisterio fue rechazado por el Instituto de Prensa y Sociedad al considerar que contiene términos intimidatorios contra la libre expresión de Willax.
Imputados por presunta sedición
Esta polémica ocurre simultáneamente a la investigación preliminar abierta por la Fiscalía contra el excandidato presidencial ultraderechista Rafael López Aliaga y varios periodistas de Willax por presunta sedición al incitar a desconocer los resultados de los comicios ganados por Castillo.
En su resolución, la fiscal Juana Gladys, quien está a cargo de la investigación, aseguró que Willax habría difundido noticias con connotación conspirativa, incitando a que se desconozcan los resultados electorales, tratando de debilitar a las instituciones electorales y haciendo incluso llamados a dar un golpe de Estado.
Para la magistrada, los denunciados utilizarían como plataforma el partido Renovación Popular, de López Aliaga, y el canal Willax como medio masivo para “hacer llegar mensajes de odio e instigación a matar” a miembros del partido de Perú Libre.
También cita varias declaraciones de Beto Ortiz, quien en su programa habría hecho llamados constantes de actos de violencia y difusión de información falsa.
Sobre Butters, la fiscal señaló que el presentador estaría incitando públicamente a la ciudadanía a tomar el Palacio de Gobierno y sacar al presidente interino Francisco Sagasti para tomar el control. “Una acción de idea conspirativa compartida y propalada públicamente por López Aliaga y sus partidarios”, acusó.
Todas las misiones de observación electoral señalaron que las elecciones presidenciales de Perú fueron transparentes y sus resultados legítimos, lo que es compartido por organismos como la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea y por gobiernos como los de Estados Unidos y Canadá.