El presidente de Perú, Pedro Castillo, acudió a la sede del Ministerio Público para pedir a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que adelante su interrogatorio sobre presunta interferencia en los ascensos militares.
Interrogatorio a Castillo
El jefe de Estado acudió a pie a la Fiscalía, a escasas cuadras desde la sede de la Presidencia. Todo para pedir personalmente que el interrogatorio sea el próximo martes. Esto, luego de que Ávalos la reprogramara para el día 29.
Las acusaciones de interferencia en los ascensos militares las hicieron los excomandantes generales del Ejército José Vizcarra y de la Fuerza Aérea Jorge Chaparro. Ellos fueron designados en esos cargos hace tres meses y los cesaron sin previo aviso por el mandatario.
Tanto Vizcarra como Chaparro aseguraron recibir presiones del entonces ministro de Defensa, Walter Ayala, y del exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, para ascender de manera irregular a una serie de militares allegados al gobernante.
Aunque ambos funcionarios negaron esas acusaciones, tuvieron que dimitir de sus cargos días después de estas denuncias, que generaron una nueva crisis política entre el Ejecutivo y el Congreso.
Sospechas en contratación
En forma paralela a esta denuncia, la fiscal Norah Córdova dirigió el lunes una diligencia en el Palacio de Gobierno. Tras lo cual resolvió que «existen suficientes elementos» para investigar la presunta vinculación de Castillo con la contratación de la empresa Heaven Petroleum Operators por 74 millones de dólares para suministrar biodiesel.
Según un documento del Ministerio Público filtrado a la prensa, el jefe de Estado impidió a los fiscales ingresar a la oficina de la Secretaría General para obtener información sobre el registro de las visitas en octubre pasado. En esa fecha presuntamente lo visitó el gerente general de la empresa ganadora de la licitación.
No obstante, la Presidencia de la República difundió este martes un comunicado en el que precisó que Castillo dispuso que se otorguen las facilidades para que los fiscales cumplan con su labor con total apertura.
Precisó que «en ningún momento ha dado disposición alguna a efectos de que no se realicen diligencias en algunos ambientes de Palacio de Gobierno».
El Ejecutivo reiteró su «total disposición para seguir colaborando con las indagaciones que realiza el Ministerio Público».
Petrolera estatal
La investigación preliminar responde a una denuncia del programa de televisión «Panorama». Este reveló que el presidente peruano recibió en el Palacio de Gobierno en octubre pasado al gerente general de PetroPerú, Hugo Chávez, y al empresario Samir Abudayeh Giha, gerente general de Heaven Petroleum Operators. Ello, antes de que esta compañía se adjudicara la venta del biodiesel B100 en un proceso supuestamente irregular.
La convocatoria buscaba un proveedor para suministrar 280.000 barriles de biodiesel para las refinerías de Conchán, Mollendo y Talara. Pero aparentemente no se cumplió con abrir el proceso a proveedores internacionales y se modificaron las condiciones en un mismo día.
La fiscal investiga por los presuntos delitos de colusión simple y negociación incompatible a Chávez; así como también al gerente de distribución de PetroPerú, Gunther Document; al gerente de suministros, Muslaim Abusada; y al gerente de compras e hidrocarburos, Roger Lly, en calidad de autores.
Por su parte, Abudayeh es investigado como cómplice, junto a la empresaria Karelim López. Esta tiene impedimento de salida del país por presuntamente pedir facilidades para otra empresa; y a Gregorio Sáenz, representante de la Junta Nacional de Palmicultores.
Otra acusación contra empresaria
Previamente a esta denuncia, el procurador general del Estado, Daniel Soria, denunció el viernes pasado al mandatario ante la fiscal general. esta vez por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias.
Esta denuncia se basa en las reuniones que la empresaria Karelim López sostuvo aparentemente con Castillo. Ello con el fin de que favoreciera al consorcio de empresas que ella representaba en la licitación de un puente, según informó la Procuraduría General del Estado.