La Comisión Europea informó este miércoles que distribuirán a los inmigrantes del Open Arms entre los países de España, Francia, Alemania, Luxemburgo y Portugal.
«El Ministerio del Interior renueva la petición a España para que se haga cargo de los inmigrantes desembarcados del ‘Open Arms'», señala en un comunicado Matteo Salvini, ministro del Interior de Italia.
Se espera que los migrantes sean trasladados los próximos días a Sicilia para esperar allí que se resuelva la distribución en mencionados países.
Estas naciones enviarán equipos para hacer el registro y entrevistas a los inmigrantes. También realizarán otras comprobaciones y tareas de traslado, indicaron fuentes comunitarias.
Entre los aspectos que se verifican será si estas personas tienen familiares en algún país de la Unión Europea o han solicitado el asilo con anterioridad.
Rumanía finalmente no participará en el reparto, pero afirmó que la oferta está disponible para una próxima ocasión.
Los cinco países anunciarán la cifra de inmigrantes que van a acoger y decidirán cómo se efectúa el traslado desde Italia.
Sanciones de entre 300.000 euros y 901.000 euros
La portavoz comunitaria Natasha Bertaud reiteró que la Comisión Europea está lista para comenzar la reubicación de los migrantes.
«Ahora estamos listos para comenzar a coordinar el proceso de reubicación y proporcionar un apoyo operacional a las autoridades italianas», dijo Bertaud en rueda de prensa.
Los equipos de las Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas y de la Oficina Europea de Ayuda al Asilo apoyarán a las autoridades italianas en el proceso de solicitudes de asilo.
Bruselas había repetido en los últimos días que estaba preparada para ejercer estas labores, pero que no podían comenzar hasta que las personas fueran desembarcadas.
Bertaud se rehusó declarar sobre la posibilidad de que España sancione al Open Arms por rescatar a inmigrantes cuando la licencia del barco es para ayuda humanitaria.
La Marina Mercante advirtió al Open Arms de que si seguía haciendo rescate de inmigrantes se enfrentaba a sanciones de entre 300.000 euros y 901.000 euros.