Dos organizaciones benéficas de Colorado, en Estados Unidos, cubrirán los costos del trámite de permisos de trabajo bajo el Estatus de Protección Temporal para miles de migrantes llegados a Denver, en su mayoría venezolanos.
La Fundación Comunitaria Rose confirmó el jueves que unos 5.000 migrantes se beneficiarán de 2,5 millones de dólares que destinará para sufragar unos 550 dólares por persona para gestionar el permiso de trabajo.
El Rocky Mountain Welcome Center, que ayuda a migrantes, asilados y refugiados a adaptarse a Colorado, estableció un fondo propio con el mismo propósito.
En ambos casos la ayuda se centrará en migrantes que puedan obtener el TPS, que desde septiembre pasado, por orden ejecutiva del presidente Joe Biden, incluye a los venezolanos que llegaron a Estados Unidos antes del 31 de julio.
Solicitar el permiso «es un desafío»
Dado que los migrantes de Venezuela representan la mayoría de los extranjeros que llegaron a Colorado desde noviembre de 2022, ambas fundaciones se enfocarán principalmente en ayudar a los venezolanos.
«Es un desafío solicitar el permiso de trabajo porque se trata de un formulario gubernamental complicado. Puede costar hasta 545 dólares por persona», declaró Sarah Kurz, de la Fundación Rose.
La venezolana Diana Higuera, directora del Rocky Mountain Welcome Center, indicó que después de una reunión pública con líderes comunitarios y 30 familias venezolanas recién llegadas, su organización decidió implementar un plan de ayuda.
Contó que una madre venezolana y sus cuatro hijos fueron desalojados de un albergue municipal y quedaron en la calle. «A su esposo lo balearon en Venezuela, por lo que abandonaron el país. El hombre quedó detenido por inmigración en la frontera y aún está allí. Esta madre necesita mucho más que simplemente ayuda para completar un formulario», comentó Higuera.
La activista considera que sin la intervención del gobierno federal, Denver y otras ciudades enfrentarán en poco tiempo una crisis humanitaria que no podrán resolver debido a que hay muchos más migrantes que no reciben ayuda.
Una opción, dijo, es que el gobierno federal reduzca significativamente el costo del permiso de trabajo o elimine esa tarifa, pues «los migrantes vienen a trabajar, no a ser una carga pública». Otra posibilidad es agilizar los trámites de asilo y refugio político.
Además de esa ayuda, Rose, como el RMWC, continúan coordinando encuentros de consulta sobre asuntos legales, ferias de recursos y talleres de orientación para los nuevos migrantes.
«No debemos olvidar que el invierno se acerca y estos migrantes no tienen ropa de abrigo», subrayó Higuera.