Un juez ordenó este miércoles la prisión preventiva de un asambleísta afín al ex gobernante Rafael Correa, por su presunta participación en el delito de paralización de un servicio público durante las protestas sociales contra el gobierno.
En un boletín, la Fiscalía General del Estado informó que su titular, Diana Salazar, formuló cargos en contra del asambleísta Yofre P., el prefecto de Sucumbíos Amado Ch. y siete personas más.
El juez nacional David Jacho, al finalizar la audiencia, dictó prisión preventiva para todos los procesados.
Además se les aplicaron medidas de retención de cuentas bancarias y prohibición de enajenar bienes.
Estas personas fueron detenidas el pasado lunes cuando supuestamente entraron de manera violenta en las instalaciones de la empresa pública Petroecuador. Esta se encuentra ubicada en la provincia de Sucumbíos, fronteriza con Colombia.
«Los procesados habrían entrado a la sala de control de operaciones destruyendo las puertas del edificio y con la amenaza inminente de atentar en contra de la integridad de los equipos de bombeo del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano. Así como de los operadores de Petroecuador», señala el escrito.
Pérdidas al Estado
Según la Fiscalía, el SOTE se habría detenido durante 2 horas y 19 minutos.
Esto implica la paralización de un servicio público del área estratégica, conforme lo determina la Constitución de Ecuador.
De acuerdo con el escrito, esto ocasionó un perjuicio económico al Estado de 1.723.918,72 dólares.
Entre los elementos de convicción presentados consta un informe que indica que durante la paralización no se bombearon 31.286 barriles de crudo.
Los otros procesados son José G., director de Comunicación del Gobierno Provincial de Sucumbíos; Jenny R., presidente de la Asociación de Empleados Públicos de Sucumbíos; el concejal Víctor B. y el dirigente Roberto P., además de otros tres ciudadanos, identificados como Steven T., Gonzalo V. y Carlos Ch.
La audiencia de juzgamiento será el próximo 18 de octubre, indicó la Fiscalía.
El delito de paralización de un servicio público está tipificado en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal.
Además, es sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años.
Estado de excepción
Lenín Moreno, presidente de Ecuador, ha acusado a su antecesor, Rafael Correa, de estar tras supuestos intentos de desestabilización.
El mandatario emitió el martes un decreto con el que restringió la libertad de tránsito y movimiento en determinados horarios y en áreas aledañas a sedes institucionales e instalaciones estratégicas.
El decreto 888 estipula la restricción de circular en horario de 20:00 pm a 5:00 am, de lunes a domingo.
En áreas cercanas «a edificaciones e instalaciones estratégicas tales como edificios donde funcionan las sedes de las funciones del Estado».
También se enmarcan en esta disposición otros lugares que establezca el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en tanto dure el estado de excepción.
El mismo quedó limitado a un plazo de 30 días desde su emisión el pasado jueves, dictaminó el martes la Corte Constitucional.
Quedan eximidos de esta limitación las personas y funcionarios que deban prestar un servicio público o de otra índole como policías, militares, comunicadores sociales acreditados, personal de misiones diplomáticas y personal médico, sanitario y de socorro.
Además, el transporte público administrado por entidades estatales o de servicios de emergencia.
La orden se emitió el día en que manifestantes indígenas ocuparon de forma momentánea la sede del Parlamento ecuatoriano y un día después de que un grupo de asaltantes irrumpió en la sede de la Contraloría General del Estado en Quito.
Huelga general
Este miércoles se desarrolla una huelga general en la que miles de indígenas que llegaron en las últimas horas a Quito se unirán a los sindicatos y otros grupos sociales que rechazan el alza del coste de los combustibles.
Los disturbios y protestas en diferentes puntos del país se suceden desde el pasado jueves a raíz de la eliminación de los subsidios a los carburantes, conforme a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.